JEP impone sanciones a 12 exmilitares por más de 130 ejecuciones extrajudiciales en el Cesar
Los hechos, conocidos como “falsos positivos”, dejaron al menos 135 víctimas, muchas de ellas indígenas y campesinas de zonas rurales cercanas a Valledupar
En una decisión que sacude la memoria del conflicto armado colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 12 exmilitares del Batallón La Popa por su participación en una red de asesinatos sistemáticos de civiles entre 2002 y 2005 en el Cesar. Los hechos, conocidos como “falsos positivos”, dejaron al menos 135 víctimas, muchas de ellas indígenas y campesinas de zonas rurales cercanas a Valledupar.
Aunque se trata de crímenes de extrema gravedad —ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas legítimas en combate—, los implicados no recibirán penas de prisión. En su lugar, cumplirán ocho años de restricción de la libertad, bajo vigilancia electrónica y con residencia obligatoria en Valledupar, además de realizar trabajos restaurativos en favor de las comunidades afectadas.
La JEP acogió sus confesiones voluntarias, un requisito para acceder a los beneficios de esta jurisdicción transicional. Los sancionados ocuparon cargos clave en la cadena de mando: desde mayores responsables de operaciones hasta soldados de grupos especiales, pasando por agentes de inteligencia, sargentos y cabos.
Los nombres del fallo
Entre los nombres que figuran en el fallo están los de Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez Naranjo, oficiales de alto rango señalados como máximos responsables. También fueron condenados militares como Carlos Lora Cabrales, Eduart Álvarez Mejía y Elkin Burgos Suárez, quienes ya acumulaban antecedentes penales por hechos similares. En contraste, tres de los condenados no habían pisado una cárcel hasta ahora, a pesar de la gravedad de sus actos.
De acuerdo con la información recopilada por la JEP, las víctimas fueron seleccionadas, engañadas, ejecutadas y posteriormente reportadas como guerrilleros muertos en combate. En muchos casos, fueron despojadas de su identidad, armadas post mortem y exhibidas como trofeos operacionales ante sus superiores.
El fallo ordena, además, que los exmilitares participen en proyectos comunitarios de memoria, procesos de armonización territorial y actos públicos de reconocimiento de responsabilidad. Las sanciones buscan reparar simbólicamente a las víctimas y sus familias, en un proceso que deberá ser supervisado por la JEP durante toda su ejecución.
Pero el caso está lejos de cerrarse. Aunque esta sentencia se centra en un grupo operativo del Batallón La Popa, los altos mandos que lideraban la unidad durante ese periodo aún no han asumido responsabilidad. Nombres como los de los coroneles Publio Mejía, Juan Carlos Figueroa y el teniente coronel José Pastor Ruíz Mahecha figuran en investigaciones en curso dentro de la misma jurisdicción, pero hasta ahora no han reconocido su implicación.
Tanto la Procuraduría como organizaciones de víctimas han advertido que la estructura criminal detrás de estos crímenes fue mucho más amplia. Han insistido en que la justicia debe avanzar sobre toda la cadena de mando, incluidos generales y oficiales del más alto nivel, algunos de los cuales habrían encubierto o facilitado los asesinatos.
