Descertificación de EE. UU. reabre tensiones con Colombia en materia antidrogas
La medida se da pese a incautación histórica de drogas en el país

Estados Unidos retiró su respaldo oficial a los esfuerzos de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, al incluirla en la lista de países que no cumplen con los estándares exigidos por la política antidrogas norteamericana. El presidente Gustavo Petro confirmó la decisión en un comunicado difundido en la noche del lunes.
El proceso de “descertificación” se enmarca en una normativa estadounidense vigente desde finales de los años 80, que obliga al Ejecutivo de ese país a calificar anualmente la cooperación de los gobiernos extranjeros en temas de producción y tráfico de estupefacientes. Aunque no es una ruptura formal en las relaciones diplomáticas, sí implica un fuerte mensaje político y podría limitar la cooperación económica y financiera bilateral.
La medida se produce en un momento en que los cultivos de coca en Colombia han alcanzado su nivel más alto desde que existen registros sistemáticos. Según datos recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2023 se contabilizaron 253.000 hectáreas sembradas con coca, un incremento del 10%. A ello se suma un aumento del 53% en la capacidad de producción de cocaína, que pasó de 1.738 a 2.664 toneladas métricas.
Desde el Gobierno colombiano, sin embargo, se destacan cifras que muestran un esfuerzo sostenido en materia de incautaciones: durante 2024 se decomisaron 960 toneladas de cocaína y derivados, lo que representa un récord histórico y un aumento del 14% frente al año anterior.
Pese a los resultados
Pese a estos resultados operativos, Washington considera que los avances no han sido suficientes. “Colombia sí es un país señalado que ha fallado de manera demostrable en realizar esfuerzos sustanciales para cumplir con sus obligaciones de acuerdos internacionales de lucha contra las drogas”, declaró el embajador estadounidense en Colombia, John McNamara, en entrevista con Blu Radio.
El diplomático recalcó que existen 23 países en el informe anual y que la inclusión de Colombia no significa una ruptura en otros frentes de cooperación: “Nada cambió. Repito, nada. Mientras que tenemos la colaboración entre los dos países, a nuestro gobierno no, no tiene ningún interés de cambiar los asuntos consulares, etcétera”.
En los últimos años, el enfoque colombiano ha girado hacia una política antidrogas con énfasis en el desarrollo rural y la sustitución voluntaria de cultivos, con metas como la transición de al menos 50.000 familias cocaleras a economías legales y la reducción del 40% en las áreas sembradas. Sin embargo, las tensiones diplomáticas —como el rechazo del presidente Petro a recibir vuelos con deportados colombianos desde EE. UU. en enero pasado— han agravado el distanciamiento entre los dos gobiernos.
En Washington, organizaciones civiles y expertos han alertado sobre el impacto negativo que puede tener la descertificación. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) ha advertido que la medida “castigaría directamente al pueblo colombiano, minaría los objetivos compartidos de seguridad y democracia, y podría resultar contraproducente para los intereses de Estados Unidos”.
Con la decisión ya tomada, la relación entre ambos países entra en una nueva etapa de incertidumbre, en la que el margen para recomponer la cooperación antidrogas dependerá tanto del comportamiento futuro de los indicadores como de los equilibrios políticos en juego en ambos lados del continente.





