JEP sugiere comparecencia de Uribe y Santos para esclarecer “falsos positivos”

Falsos positivos. La posibilidad de que los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos entreguen su versión ante la justicia transicional volvió al centro de la discusión pública. Desde la Jurisdicción Especial para la Paz, su presidente Alejandro Ramelli planteó que ambos podrían presentarse de manera voluntaria en el proceso que investiga ejecuciones extrajudiciales.

El planteamiento surge en un momento en que la jurisdicción revisa a mayor escala estos hechos, tras elevar la cifra de víctimas a más de 7.000 casos. La ampliación del periodo de estudio permitió incluir eventos ocurridos antes y después de los años en los que se había concentrado inicialmente la investigación.

Para la JEP, la participación de los exmandatarios podría aportar elementos clave sobre el contexto en el que ocurrieron estos crímenes, especialmente durante los años en que se registró el mayor número de casos.

Aunque no existe una orden formal para que comparezcan, el tribunal considera que su eventual intervención contribuiría al esclarecimiento judicial y a la construcción de verdad en uno de los capítulos más sensibles del conflicto armado colombiano.

El pronunciamiento reabre el debate sobre las responsabilidades políticas en estos hechos y el alcance de la justicia transicional frente a altos exfuncionarios del Estado.

El origen de los denominados falsos positivos

El fenómeno de los llamados “falsos positivos” en Colombia tiene su origen en el contexto del conflicto armado interno y, particularmente, en la presión institucional por mostrar resultados militares. Durante varias décadas, y con mayor intensidad a finales de los años noventa y la primera década de los 2000, se instauró dentro de algunas unidades de la Fuerza Pública una lógica de medición basada en bajas en combate, lo que derivó en incentivos perversos para inflar cifras.

En ese escenario, civiles fueron presentados ilegítimamente como guerrilleros dados de baja, en hechos que hoy son investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz. Las víctimas, en muchos casos jóvenes de sectores vulnerables, eran engañadas con ofertas de empleo, trasladadas a otras regiones y posteriormente asesinadas para simular enfrentamientos armados.

Las investigaciones por falsos positivos han señalado que este patrón no respondió a hechos aislados, sino a prácticas sistemáticas que se extendieron en distintos momentos del conflicto. Con el paso del tiempo, organismos judiciales y de derechos humanos han documentado estos crímenes, abriendo procesos para establecer responsabilidades y avanzar en la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

Con el avance de las investigaciones, el país empezó a dimensionar la magnitud de estos crímenes, especialmente tras las denuncias de organizaciones de derechos humanos y casos emblemáticos como el de los jóvenes de Soacha en 2008. A partir de entonces, se intensificaron las acciones judiciales y disciplinarias, y el tema pasó a ocupar un lugar central en el debate público. Hoy, instancias como la Jurisdicción Especial para la Paz buscan esclarecer cómo se estructuraron estas prácticas, quiénes participaron y qué responsabilidades hubo en distintos niveles, con el objetivo de garantizar que hechos de esta naturaleza no se repitan.