Juez ordena revelar documentos clave del caso “Boliche”, que podrían exponer vínculos con agencias de EE. UU. y su entorno jurídico

El proceso judicial contra Jorge Luis Hernández Villazón, conocido como alias “Boliche”, tomó un nuevo rumbo luego de que el juez encargado del caso ordenara a la Fiscalía poner en manos de la defensa la totalidad de los documentos relacionados con la cooperación que el colombiano sostuvo durante años con agencias federales de Estados Unidos.

La decisión abre la puerta a que salgan a la luz reportes internos, registros de pagos y documentos oficiales que darían cuenta de la relación que Hernández Villazón mantuvo con entidades como la DEA, el FBI y la oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Todo ese material será revisado inicialmente por su abogada, Silvia Piñera Vásquez, quien podrá solicitar que permanezca bajo reserva mientras avanza el proceso.

La expectativa alrededor del expediente es alta, pues durante las audiencias podrían conocerse detalles determinantes para la estrategia de ambas partes. La defensa insiste en que “Boliche” no tiene intención de aceptar un acuerdo de culpabilidad y buscará controvertir los señalamientos formulados por la acusación.

El caso cobró notoriedad semanas atrás, luego de que se conociera que las autoridades estadounidenses también examinan los presuntos nexos del exnarcotraficante y exparamilitar con el empresario colombiano Alex Saab, señalado por Washington como operador financiero vinculado al régimen de Nicolás Maduro. Según revelaciones periodísticas, Hernández Villazón habría participado en operaciones relacionadas con movimientos de dinero y prestado asesorías que hoy forman parte de las pesquisas federales.

Dentro de ese contexto aparece mencionado el nombre del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Aunque el jurista ha rechazado cualquier participación en actividades ilícitas y sostiene que desconocía eventuales irregularidades cometidas por “Boliche”, las investigaciones buscan establecer si existieron beneficios directos o indirectos derivados de esa relación profesional.

De acuerdo con la acusación, Hernández Villazón trabajó durante años en firmas jurídicas establecidas en Miami y desempeñó funciones de intermediación entre abogados y personas procesadas por narcotráfico en distintos países. Los investigadores sostienen que, junto con otros colaboradores, habría ofrecido a varios acusados supuestas gestiones privilegiadas ante la justicia estadounidense, prometiendo resultados judiciales favorables que finalmente no se materializaban.

“Él no entregaba los resultados prometidos a los traficantes y ellos frecuentemente recibían sentencias mucho más altas de lo que les fue prometido”, señala la Fiscalía en los documentos del caso. Además, el ente acusador asegura que al menos seis antiguos capos estarían dispuestos a declarar en contra del colombiano.

Mientras se define la fecha de una nueva audiencia prevista para mediados de agosto, el contenido de los archivos ordenados por el juez podría convertirse en una de las piezas más sensibles del proceso y redefinir el alcance de una investigación que ya salpica nombres de alto perfil en Colombia y Estados Unidos.