Un nuevo golpe a la credibilidad institucional estalló este lunes con el anuncio de la Fiscalía General de la Nación sobre la imputación de cargos en un caso que mezcla poder, educación superior y presuntas maniobras irregulares para obtener títulos profesionales.
La exfuncionaria Juliana Guerrero, quien llegó a ocupar el cargo de viceministra de Juventudes, y Luis Carlos Gutiérrez, secretario de la Fundación San José, quedaron formalmente vinculados a un proceso penal por supuestas anomalías en la expedición de documentos académicos en la Fundación Universitaria San José.
El ente investigador informó que avanzará con la solicitud de una medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria para ambos, al considerar que existen elementos suficientes para imputarles los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. La decisión final quedará en manos de un juez de control de garantías.
Hubo controversia nacional
La controversia estalló luego de que salieran a la luz cuestionamientos sobre los títulos que Guerrero presentó al momento de asumir funciones en el Ministerio de la Igualdad, lo que encendió las alarmas dentro de los organismos de control y derivó en una investigación penal de alto perfil.
De acuerdo con la Fiscalía, el caso no se limita a una actuación individual, sino que apunta a un presunto entramado dentro de la institución universitaria que habría permitido la emisión de certificaciones académicas sin ajustarse a los procedimientos exigidos por la ley.
El proceso judicial apenas comienza, pero ya genera fuertes repercusiones políticas y mediáticas, al poner bajo la lupa los filtros de verificación de hojas de vida en altos cargos del Estado y el papel de algunas entidades educativas privadas. Mientras avanza el expediente, los imputados deberán enfrentar la justicia en medio de un escándalo que sigue creciendo.