Usaban identidades ajenas para quedarse con subsidios de las víctimas del conflicto
De acuerdo con los investigadores, la estructura criminal aprovechaba información personal de los beneficiarios para hacerse pasar por ellos y acceder a recursos públicos que debían llegar a familias en condición de vulnerabilidad.
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👉 Seguir canal en WhatsAppLas ayudas económicas destinadas a algunas de las poblaciones más vulnerables del país terminaron, presuntamente, en manos de una organización que ahora enfrenta a la justicia.
La Fiscalía General de la Nación reveló los resultados de una investigación que permitió capturar a 11 personas señaladas de participar en un esquema de fraude mediante el cual habrían cobrado ilegalmente subsidios asignados a víctimas del conflicto armado, desplazados y beneficiarios de programas sociales en Medellín y Montería.
De acuerdo con los investigadores, la estructura criminal aprovechaba información personal de los beneficiarios para hacerse pasar por ellos y acceder a recursos públicos que debían llegar a familias en condición de vulnerabilidad.
Las autoridades establecieron que la organización habría concretado más de 240 operaciones fraudulentas, obteniendo más de 116 millones de pesos mediante mecanismos que incluían el uso irregular de datos personales y sistemas de validación de identidad.
La coordinadora de la red
La investigación identificó a Yeimar Rafael Gutiérrez Ricaurte como uno de los presuntos coordinadores de la red. Según la Fiscalía, desde esa posición habría organizado parte de las operaciones relacionadas con la obtención y cobro de los subsidios.
Durante los allanamientos realizados por la Policía fueron hallados equipos tecnológicos y elementos utilizados para verificar identidades, entre ellos computadores portátiles, tarjetas bancarias y dispositivos biométricos que ahora hacen parte de las pruebas del proceso.
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👉 Suscribirme en TelegramLos capturados fueron presentados ante un juez por delitos relacionados con concierto para delinquir, acceso abusivo a sistemas informáticos y abuso de confianza.
Al término de las audiencias, las autoridades judiciales ordenaron medidas de aseguramiento contra varios de los implicados, mientras continúa la investigación para determinar el alcance total de las operaciones y establecer si existen más personas involucradas en el entramado.
