Verónica Alcocer queda en la mira de la Fiscalía tras explosivos audios de Eva Ferrer
En las grabaciones, la exfuncionaria describe una supuesta red de personas cercanas a Alcocer que, según su versión, habría tenido influencia en decisiones dentro de entidades del Estado y en la gestión de contratos. También asegura que durante la campaña presidencial prestó servicios de consultoría por los que, afirma, nunca recibió el pago completo.
Las explosivas revelaciones de la exconsejera Eva Ferrer ya tuvieron su primer efecto judicial. La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si los audios en los que se menciona a la primera dama, Verónica Alcocer, contienen evidencia sobre posibles irregularidades relacionadas con contratación pública, manejo de recursos y la campaña presidencial de 2022.
La investigación quedó en manos de la Dirección Especializada Contra la Corrupción, que comenzó a revisar el material sonoro y a recopilar pruebas para determinar si las afirmaciones de Ferrer tienen sustento suficiente para dar paso a un proceso penal.
En las grabaciones, la exfuncionaria describe una supuesta red de personas cercanas a Alcocer que, según su versión, habría tenido influencia en decisiones dentro de entidades del Estado y en la gestión de contratos. También asegura que durante la campaña presidencial prestó servicios de consultoría por los que, afirma, nunca recibió el pago completo.
La gran controversia
Entre las declaraciones que más controversia han generado figura la afirmación de que los gastos mensuales atribuidos a la primera dama alcanzarían los 50.000 euros, además del reclamo por 48.000 euros que Ferrer sostiene le adeudan por trabajos realizados antes de la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia.
Mientras el ente investigador avanza con el análisis forense de los audios, el conflicto también llegará a un escenario de conciliación. El próximo 13 de agosto, Verónica Alcocer, Eva Ferrer y el empresario catalán Manel Grau deberán asistir a una audiencia convocada por la Cámara de Comercio de Bogotá para intentar resolver la disputa económica derivada de esos presuntos servicios.
Por ahora, la Fiscalía busca establecer si los hechos narrados en las grabaciones podrían constituir delitos contra la administración pública o estar relacionados con la financiación de campañas políticas. La indagación se encuentra en una etapa preliminar y no representa la apertura formal de un proceso penal ni la atribución de responsabilidades contra las personas mencionadas en los audios.
