Nuevo choque entre Petro y Consejo de Estado: “Pido demandar al magistrado”

Una nueva tensión entre el Gobierno nacional y las altas cortes se desató este lunes luego de que el Consejo de Estado suspendiera por completo el decreto con el que el Ejecutivo buscaba trasladar cerca de $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.

La decisión provocó una dura reacción del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente al magistrado encargado del caso y pidió iniciar acciones penales en su contra por presunto prevaricato.

“Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

La controversia gira alrededor del Decreto 415 de 2026, expedido por el Gobierno como parte de la implementación de la reforma pensional. La medida planteaba adelantar el traslado de recursos administrados por las AFP hacia el sistema público, bajo el argumento de fortalecer las finanzas de Colpensiones y reorganizar obligaciones futuras del Estado.

Sin embargo, el Consejo de Estado decidió congelar provisionalmente la aplicación del decreto mientras estudia si el Ejecutivo tenía competencia legal para ordenar ese movimiento de recursos mediante una norma administrativa.

El proceso quedó en manos del magistrado Juan Enrique Bedoya, quien asumió el análisis tras una demanda presentada por un ciudadano particular. Según la decisión judicial, permitir la ejecución del decreto antes de resolver el caso podría generar efectos difíciles de revertir.

Entre los puntos analizados por el alto tribunal aparece la posibilidad de que los ahorros dejaran de producir rendimientos en las cuentas individuales administradas por los fondos privados, así como eventuales impactos sobre el equilibrio financiero proyectado en el sistema pensional.

La suspensión también afecta a afiliados cobijados por el régimen de transición y a pensionados bajo retiro programado que devengan un salario mínimo, grupos incluidos dentro del esquema planteado por el Gobierno nacional.