Gobierno suspende erradicación forzada de cultivos ilícitos
El ministro del Interior respaldó la decisión, asegurando que ese modelo ha fracasado
El Gobierno Nacional confirmó que no continuará con las acciones de erradicación forzada de cultivos ilícitos en el país. La decisión fue anunciada tras los recientes hechos de violencia que han cobrado la vida de miembros de la Fuerza Pública, incluido un ataque en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 policías muertos durante una operación antinarcóticos.
Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, la erradicación por la fuerza no ha dado los resultados esperados. Indicó que, a pesar de los esfuerzos por eliminar cultivos, el número de hectáreas sembradas ha aumentado significativamente en los últimos años. Para el gobierno, esta estrategia se ha vuelto insostenible, no solo por sus limitados logros, sino también por el alto costo humano que implica.
Replantear la estrategia contra las drogas
El presidente Gustavo Petro, por su parte, reiteró que el país necesita replantear su estrategia contra las drogas. En un mensaje dirigido a Estados Unidos, señaló que la cooperación internacional debería orientarse hacia el desarrollo de comunidades rurales y no centrarse únicamente en la represión.
“Les podemos enseñar cómo se hace, y no se tiene que medir en muertos”, dijo el mandatario al proponer un nuevo modelo que priorice la prosperidad de las familias campesinas afectadas por el narcotráfico.
Petro también lanzó una crítica directa a lo que considera una relación estrecha entre sectores políticos estadounidenses y mafias involucradas en el negocio ilegal de drogas. Sugirió al expresidente Donald Trump dialogar directamente con Colombia para conocer de primera mano experiencias alternativas en la lucha contra las drogas, como la erradicación manual y el tránsito hacia cultivos legales.
La suspensión de la erradicación forzada marca un cambio de rumbo en la política antidrogas del país. Ahora, el Ejecutivo apunta a fortalecer estrategias de sustitución voluntaria, programas sociales y desarrollo territorial, en medio de un debate internacional sobre la efectividad y el enfoque de las políticas antidrogas tradicionales.
