¡Estalla la polémica! Exfiscal acusa a Luz Adriana Camargo de presionarla para sacar el lavado de activos del caso Nicolás Petro

Una nueva controversia sacude a la Fiscalía General de la Nación luego de las explosivas declaraciones de Lucy Laborde, exfiscal que estuvo al frente del proceso contra Nicolás Petro Burgos. La funcionaria aseguró que recibió directamente de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, una petición para retirar el delito de lavado de activos y mantener únicamente el de enriquecimiento ilícito.

El señalamiento fue hecho por Laborde en una entrevista con Semana, en la que decidió contar públicamente lo que, según afirmó, ocurrió mientras tenía bajo su responsabilidad una investigación que involucraba al hijo del expresidente Gustavo Petro.

La exfiscal ubicó el episodio en el despacho de Camargo. Aseguró que allí estaban, además de la fiscal general, la entonces delegada Aura Liliana Trujillo, el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero y Alexandra Ladino, quien en ese momento dirigía el área de lavado de activos.

Según Laborde, la fiscal general le preguntó cuál era su posición frente al delito de lavado de activos. Su respuesta fue contundente: “Sí hay”. Fue entonces cuando, de acuerdo con su versión, recibió la propuesta que terminó generando el conflicto. “¿Por qué no le quita el lavado de activos y le deja enriquecimiento ilícito?”, habría preguntado Camargo.

Pero la conversación, según la exfiscal, no terminó allí. Laborde aseguró que también se habló de la eventual condena que podría recibir Nicolás Petro.

“Pues déjele solo el enriquecimiento ilícito y póngale una pena muy larga; al fin y al cabo, la va a cumplir en una guarnición militar y ya”, afirmó que le dijo la fiscal general.

Laborde decidió no seguir esa instrucción. Su argumento fue que los elementos recopilados durante la investigación permitían sostener la existencia del delito de lavado de activos.

“Nicolás Petro recibió dineros de manera ilícita porque no hacen parte de su ejercicio. El único ejercicio lícito del cual él recibía salario era como diputado de la Asamblea del Atlántico”, manifestó.

Según su explicación, el punto central estaba en qué habría ocurrido posteriormente con esos recursos. La exfiscal sostuvo que fueron utilizados en operaciones destinadas a ocultar su origen y a presentar los bienes adquiridos como si tuvieran una procedencia legítima.

“Incurrió en negocios jurídicos como comprar casas, comprar vehículos para ponerlos a nombre de otros y así ocultar esos dineros y negar que hubieran ingresado a su patrimonio”, afirmó.

La exfiscal mencionó, entre otros elementos, una vivienda que habría sido registrada a nombre de un familiar de Daisuris Vásquez, otra propiedad que permanecería a nombre del constructor y un Mercedes-Benz registrado a nombre de una amiga de Vásquez.

Dificultades dentro de la Fiscalía

Pero las acusaciones de Laborde no se limitaron al contenido jurídico del expediente. También relató las dificultades que, según ella, comenzó a enfrentar dentro de la propia Fiscalía mientras tenía a su cargo el proceso.

Afirmó que fue trasladada a Barranquilla y que terminó trabajando sin las condiciones que consideraba necesarias para adelantar una investigación de esa magnitud.

“Fui apartada de mi familia, me trasladaron a Barranquilla en condiciones adversas, porque laboralmente no tuve el apoyo que debía haber tenido de mis superiores. No tenía oficina, la compartía con otra fiscal”. La situación, según su relato, llegó al punto de no contar siquiera con elementos básicos para trabajar. “No tenía asistente, no tenía ni siquiera una impresora”, dijo.

Cuando fue consultada directamente sobre si consideraba que había sido sometida a presión, su respuesta fue breve: “Sí. Es una presión”.

Laborde también cuestionó las condiciones en las que dejó el expediente. Aseguró que el fiscal que posteriormente recibió el caso quedó sin investigadores y sin asistente.

“Le entregué al nuevo fiscal un despacho sin asistente, sin investigadores; me parece que eso es lo más lesivo para ese proceso, y para cualquier fiscal, no tener investigadores”. Y cuando le preguntaron quién estaba detrás de esas presiones, inicialmente respondió: “Sí, la fiscal y sus subalternos”. Después fue más específica y señaló directamente a “La señora fiscal general”.

La exfiscal también fue categórica al explicar qué hizo cuando, según su versión, recibió la instrucción de modificar su posición frente al lavado de activos.

“No hice caso”

Laborde considera que su negativa tuvo consecuencias dentro de la entidad y relacionó su salida del proceso con esa situación. Al preguntarle si fue apartada porque dejó de ser considerada la persona adecuada para continuar con el expediente, respondió: “Sí, pues ya no era la persona indicada para llevar ese proceso, muy probablemente”.

Además, reveló la dimensión de la investigación que había asumido. Explicó que el proceso se originó en las actuaciones adelantadas inicialmente por Mario Burgos y el Grupo de Tareas Especiales y que posteriormente abarcó varios radicados contra cerca de 18 personas. Según Laborde, ese trabajo acumulaba aproximadamente 3,4 millones de evidencias.

Las declaraciones ponen nuevamente bajo la lupa el manejo que tuvo la Fiscalía sobre uno de los procesos judiciales más sensibles de los últimos años. Laborde no solo cuestionó la decisión de retirar un delito de la imputación, sino que aseguró haber enfrentado presiones y falta de respaldo institucional mientras investigaba el caso.

Sus afirmaciones corresponden a su versión de los hechos y plantean interrogantes sobre las decisiones adoptadas dentro de la Fiscalía durante el trámite del proceso contra Nicolás Petro.