Crece el drama del desplazamiento forzado: más de 90.000 personas afectadas en lo que va de 2025
Durante los primeros nueve meses de 2025, 91.514 personas han sufrido desplazamiento interno en el país, mientras que más de 101.000 permanecen confinadas por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y las restricciones impuestas por estos.
El desplazamiento forzado en Colombia continúa en aumento y alcanza cifras preocupantes, de acuerdo con el boletín de septiembre publicado por la Defensoría del Pueblo. El informe detalla que, solo en ese mes, 3.302 personas fueron obligadas a dejar sus hogares, lo que representa un incremento del 149% frente al mismo periodo del año pasado.
Durante los primeros nueve meses de 2025, 91.514 personas han sufrido desplazamiento interno en el país, mientras que más de 101.000 permanecen confinadas por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y las restricciones impuestas por estos. La Defensoría advierte que la situación configura una crisis humanitaria que requiere atención urgente del Estado.
El Catatumbo, en Norte de Santander, se mantiene como la región más afectada, con más de 73.000 víctimas del desplazamiento. Las continuas disputas por el control territorial entre organizaciones criminales han provocado un deterioro constante de la seguridad en la zona. En cuanto al confinamiento, Chocó ocupa el primer lugar, con casi 19.000 personas que no pueden salir de sus comunidades, seguido de Huila, Cauca, Norte de Santander y Guaviare.
Solo en septiembre
Solo en septiembre, la Defensoría documentó 11 casos de confinamiento que limitaron la movilidad de 30.062 personas, un aumento desproporcionado si se compara con las 2.278 reportadas en el mismo mes de 2024. Además, se identificaron 20 alertas tempranas ante riesgos inminentes de desplazamiento y confinamiento, especialmente en zonas rurales de difícil acceso.
El impacto de esta crisis golpea con fuerza a mujeres, niños, líderes sociales, comunidades indígenas y firmantes del Acuerdo de Paz. Durante este año, la Defensoría ha brindado atención a más de 27.000 mujeres y 26.000 personas pertenecientes a grupos étnicos que viven en condiciones de movilidad forzada.
El organismo de control solicitó a las autoridades nacionales y territoriales acciones coordinadas e inmediatas para contener la emergencia, incluyendo la implementación de rutas de protección, programas de desminado y planes educativos alternativos para los menores en zonas afectadas. También insistió en que las respuestas del Estado deben incorporar un enfoque diferencial y territorial, con el fin de garantizar la seguridad y los derechos de las comunidades más vulnerables.
La Defensoría alertó que, si no se adoptan medidas efectivas en el corto plazo, el desplazamiento forzado podría cerrar 2025 con una de las cifras más altas de la última década.
