Comisión disciplinaria investiga a jueza que concedió libertad anticipada a Emilio Tapia
Se trata del hombre que fue condenado en el caso Centros Poblados, por el desfalco de 70 mil millones de pesos al Ministerio de las TIC
La decisión de conceder libertad condicional a Emilio Tapia, condenado por el escándalo del contrato con Centros Poblados, sigue generando repercusiones. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió una investigación formal contra la jueza Claribel Fernández, quien avaló su salida anticipada de prisión en abril de este año.
Tapia fue sentenciado a seis años y cuatro meses por su papel en uno de los casos de corrupción más sonados de los últimos años, y fue dejado en libertad tras cumplir 48 meses de reclusión. La jueza Fernández autorizó el beneficio, lo que generó rechazo en algunos sectores del sistema judicial y motivó el inicio de un proceso disciplinario en su contra.
La Procuraduría General de la Nación apeló la decisión, señalando posibles inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos legales para conceder este tipo de beneficios. Según el Ministerio Público, se habrían omitido elementos establecidos en normas como el Código Penal, el Código Penitenciario y la Ley 190 de 1995, que exige la participación de las entidades estatales afectadas como parte civil en los procesos por delitos contra la administración pública.
La indagación preliminar
La Comisión de Disciplina Judicial inició una indagación preliminar en mayo y, tras revisar los elementos disponibles, decidió el pasado 17 de septiembre avanzar con una investigación formal contra la funcionaria judicial. El caso ahora entra en una nueva etapa en la que se evaluará si hubo falta disciplinaria en la actuación de la jueza.
La libertad condicional de Tapia ha reabierto la discusión sobre los beneficios judiciales en casos de corrupción y la manera en que se interpretan las normas para su aplicación.
