JEP reclama al nuevo Gobierno recursos y coordinación para poner en marcha sanciones restaurativas
El principal reto está en garantizar que las decisiones judiciales cuenten con respaldo presupuestal y con la participación coordinada de las entidades encargadas de hacer realidad las iniciativas. Las sanciones establecidas por la JEP no se limitan a una decisión judicial, pues su cumplimiento depende de proyectos que requieren recursos, infraestructura, aseguramiento y acompañamiento institucional.
La Jurisdicción Especial para la Paz busca que el cambio de administración no interrumpa el proceso que permitirá convertir las sanciones impuestas por el tribunal en obras y proyectos dirigidos a reparar a las víctimas del conflicto armado.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, trasladó esta preocupación al ministro de Justicia, Iván Cancino, a quien solicitó una reunión para evaluar el estado de los proyectos restaurativos y definir las medidas que permitan avanzar en su ejecución.
El principal reto está en garantizar que las decisiones judiciales cuenten con respaldo presupuestal y con la participación coordinada de las entidades encargadas de hacer realidad las iniciativas. Las sanciones establecidas por la JEP no se limitan a una decisión judicial, pues su cumplimiento depende de proyectos que requieren recursos, infraestructura, aseguramiento y acompañamiento institucional.
En este proceso cumple un papel central la Instancia de Articulación, Insart, espacio creado para facilitar la coordinación entre la JEP, el Gobierno nacional y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Desde 2022, esta instancia ha realizado 10 sesiones ordinarias, tres extraordinarias y 110 encuentros de mesas técnicas.
Ese trabajo permitió establecer un inventario de aproximadamente 100 iniciativas que podrían ajustarse para atender las obligaciones restaurativas derivadas de las sentencias. Se trata de propuestas de alcance nacional, departamental y municipal vinculadas con las sanciones de quienes reconocieron su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La continuidad del mecanismo
Para la JEP, la continuidad de este mecanismo resulta especialmente relevante porque las sanciones pueden extenderse hasta por ocho años y contemplan tanto actividades restaurativas como restricciones de derechos. Sin proyectos definidos, viables y financiados, el cumplimiento de las decisiones del tribunal podría enfrentar nuevos obstáculos.
Ramelli también señaló los avances logrados mediante la Insart para conocer la disponibilidad presupuestal de las entidades involucradas y establecer condiciones para la ejecución de las iniciativas. Entre las medidas adoptadas figura el Decreto 652 de 2026, que contempla requisitos relacionados con aspectos como habitabilidad, seguridad social y aseguramiento de las personas que participen en estas actividades.
La implementación de algunas de esas disposiciones, no obstante, todavía requiere que las entidades involucradas definan protocolos y mecanismos de trabajo conjuntos. De ahí la solicitud de la JEP al Ministerio de Justicia para que contribuya a preservar la coordinación alcanzada durante los últimos años.
El tribunal también reconoció el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión de Verificación de la ONU, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
La petición se produce durante el proceso de empalme con la administración de Abelardo De La Espriella. La JEP pretende que el nuevo Gobierno tenga conocimiento de los avances alcanzados y de las decisiones pendientes para evitar que la ejecución de las sanciones pierda ritmo.
En la comunicación dirigida al ministro Cancino, Ramelli advirtió sobre las consecuencias que tendría una ruptura en este esquema de trabajo: “Sin el trabajo concertado entre el Gobierno nacional y la magistratura no habría proyectos restaurativos viables por lo que sería imposible hacer efectivas las condenas, poniéndose en riesgo la definición de la situación jurídica de los militares y antiguos miembros de la Farc ya condenados o por ser condenados, frustrándose, además, los anhelos restaurativos de miles de víctimas que han participado y confiado en el proceso transicional”.
La JEP planteó además que el próximo Plan Nacional de Desarrollo incorpore medidas para garantizar la permanencia de este modelo de articulación y el funcionamiento de la Insart.
El objetivo, según la jurisdicción, es evitar que las sanciones restaurativas queden únicamente consignadas en las sentencias. Su ejecución implica convertir las obligaciones impuestas a antiguos integrantes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública que reconocieron responsabilidad en proyectos concretos, con financiación y capacidad institucional para desarrollarlos.
