Unidad para las Víctimas bajo la lupa: otro escándalo a la vista para el Gobierno
Un esquema de clientelismo estaría operando detrás de la entidad
El manejo de más de 4,5 billones de pesos destinados a la reparación de víctimas del conflicto armado en Colombia ha quedado en entredicho tras nuevas revelaciones que apuntan a una posible captura política de la Unidad para las Víctimas por parte de un poderoso clan santandereano, con presunta injerencia directa del senador Gustavo Adolfo Moreno Hurtado.
De acuerdo con una investigación publicada por Semana, la entidad estaría operando bajo un esquema de clientelismo, favoreciendo a aliados del congresista con cargos estratégicos y contratos cuestionables, mientras el cumplimiento de las metas de reparación se encuentra en niveles críticos.
El punto de quiebre en este proceso fue la designación, en junio de este año, de Adith Rafael Romero Polanco como director general de la entidad. Sin experiencia en temas de víctimas ni en gestión pública nacional, Romero fue secretario de Gobierno en Barrancabermeja durante la alcaldía de Alfonso Eljach Manrique, figura cercana al senador Moreno.
Los cargos en la entidad
Desde entonces, más de la mitad de los cargos directivos de la Unidad –22 de 42 puestos clave– habrían sido ocupados por personas cercanas al clan político de Moreno, muchas de ellas originarias de Santander, según el reportaje.
Los vínculos políticos y económicos son visibles. Algunos de los nuevos funcionarios fueron financiadores de la campaña senatorial de Moreno en 2022. Entre ellos están Luis Gabriel Taboada Castro, ahora jefe de planeación y responsable de la dirección territorial de Urabá, y Francisco Yesid Triana Castillo, quien ocupa tres direcciones al interior de la entidad.
Uno de los nombramientos más polémicos es el de Fredy Orlando Quintero Mogollón, actual subdirector de la Unidad, quien es investigado por la Fiscalía por supuestos vínculos con redes de apoyo al ELN cuando fue alcalde de Chitagá, en Norte de Santander. El ente acusador lo señala de haber facilitado actividades ilícitas en varios municipios del nororiente del país.
A las preocupaciones sobre la idoneidad de los nombramientos se suman denuncias de corrupción en la contratación. Empleados de la entidad, que hablaron bajo reserva, afirman que hay pagos inflados, contrataciones dirigidas y manipulación de precios. Algunos testimonios revelan que se han triplicado tarifas de transporte y se han realizado compras con costos “fuera de toda lógica”, como ollas comunitarias por 19 millones de pesos o rituales indígenas por más de 3 millones.
En lo que va del año, los indicadores de gestión de la Unidad muestran un desempeño preocupante: solo se ha transferido el 25% de los recursos al Fondo de Reparación, y apenas 9% de las medidas de reparación colectiva han sido implementadas.
Las condiciones laborales al interior de la institución también están siendo cuestionadas. Trabajadores reportan presiones, sobrecarga, recortes arbitrarios y represalias contra quienes denuncian irregularidades. Además, se habla de retención de honorarios, incumplimiento de horarios de desconexión y la exclusión de profesionales con experiencia en favor de cuotas políticas sin formación en el tema.
“La mayoría de los nuevos funcionarios son cercanos al senador Moreno. Están ajustando perfiles, poniendo salarios a dedo y reemplazando gente capacitada por cuotas políticas. Esto no se trata solo de politiquería, es una burla para las víctimas”, denunció uno de los funcionarios citados por Semana.
En un país con más de 10 millones de víctimas reconocidas, la denuncia de una posible captura política de la entidad encargada de su atención levanta serias alarmas sobre la protección de sus derechos, la transparencia del gasto público y el cumplimiento de las promesas de reparación integral.
