Extienden por dos meses el rol de exparamilitares como gestores de paz
La medida, que prolonga el rol otorgado desde 2023, busca impulsar la fase final de un proceso que aún carga con las deudas históricas del acuerdo de Ralito
Con la firma de la resolución 152 de 2025, el presidente Gustavo Petro prorrogó por dos meses más la labor de 16 exjefes paramilitares como gestores de paz. La medida, que prolonga el rol otorgado desde 2023, busca impulsar la fase final de un proceso que aún carga con las deudas históricas del acuerdo de Ralito, firmado hace más de veinte años con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La extensión no fue sorpresiva para los involucrados ni para las organizaciones de víctimas: se trata de una jugada clave para avanzar en temas sensibles como la localización de desaparecidos, la entrega de bienes para reparación y el cierre jurídico del proceso. Sin embargo, dos de los excomandantes inicialmente vinculados quedaron por fuera de esta prórroga: Hébert Veloza García, alias HH, quien renunció de forma anticipada; y Ramón Isaza, quien se apartó por razones médicas y personales, agravadas por el asesinato de su hijo, Oliverio Isaza, alias Terror, exjefe del Clan del Golfo.
Figuras que se verán beneficiados
Figuras del paramilitarismo, como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40) y Carlos Mario Jiménez (Macaco), seguirán participando del proceso como facilitadores entre el Estado y las comunidades afectadas por el conflicto armado. La presencia de estos nombres sigue generando controversia, especialmente entre las víctimas, quienes exigen garantías reales de verdad y no solo una narrativa pactada desde el poder.
La prórroga ocurre en medio de un intento del Gobierno Petro por cerrar formalmente el ciclo de las AUC. A finales de abril, en Montería, se llevó a cabo un acto público en el que Mancuso sostuvo un encuentro con María Gaitán, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica. Aunque fue presentado como una rendición de cuentas, el espacio también sirvió para discutir la recuperación de más de 400 propiedades entregadas por los exparamilitares dentro del marco de Justicia y Paz.
