Exviceministro de Defensa fue imputado por presuntas anomalías en contrato para helicópteros del Ejército
La Fiscalía sostiene que el exfuncionario habría intervenido en decisiones relacionadas con un contrato de 32 millones de dólares, cuya ejecución terminó bajo investigación por posibles afectaciones al patrimonio público.
Un nuevo capítulo en las investigaciones por presuntos hechos de corrupción en el sector Defensa quedó abierto con la judicialización del exviceministro para la Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez Soto, quien deberá responder ante la justicia por supuestas actuaciones irregulares durante la contratación del mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.
El proceso, liderado por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, se centra en un contrato firmado el 31 de diciembre de 2024 por 32 millones de dólares, cuyo propósito era garantizar el suministro de repuestos y la reparación de las aeronaves.
De acuerdo con la investigación, el exfuncionario habría influido en decisiones propias del proceso contractual sin que esas funciones hicieran parte de sus competencias. Los investigadores consideran que esa intervención favoreció a una compañía que, presuntamente, no reunía las condiciones técnicas, financieras y jurídicas exigidas para ejecutar el contrato.
La Fiscalía también sostiene que durante la estructuración del negocio jurídico se realizaron modificaciones que facilitaron la participación del contratista y que Suárez Soto habría participado en reuniones clave, además de mantener comunicación con representantes de la empresa y realizar gestiones ante la Aeronáutica Civil para acelerar un trámite necesario para el desarrollo del contrato.
Los requisitos que exigía
Dentro del expediente aparecen informes elaborados por equipos técnicos y jurídicos que advertían posibles incumplimientos en los requisitos exigidos al contratista. Pese a ello, según el ente acusador, el proceso continuó hasta la firma del acuerdo.
Otro de los puntos analizados corresponde al manejo de los recursos. La investigación indica que el contrato fue modificado para permitir un pago anticipado equivalente a la mitad de su valor. En abril de 2025 fueron desembolsados 16.231.700 dólares, aunque, según la Fiscalía, las actividades ejecutadas hasta ese momento representaban cerca de 2,6 millones de dólares.
Tras el incumplimiento contractual, las autoridades estiman que aún falta recuperar más de 13 millones de dólares entregados al contratista.
Por estos hechos, el exviceministro fue imputado por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.
Durante la audiencia, Luis Edmundo Suárez Soto rechazó los cargos formulados por la Fiscalía, por lo que el proceso continuará en las siguientes etapas judiciales mientras se define su eventual responsabilidad.
