“Subimos otra vez el salario”: propuesta de Petro sacude el debate y desata polémica legal
El principal obstáculo está en las normas vigentes. La Ley 278 de 1996 establece que el salario mínimo se fija una vez al año mediante concertación entre Gobierno, empresarios y trabajadores. Esto limita la posibilidad de ajustes extraordinarios por fuera de ese proceso.
El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre un posible nuevo aumento del salario mínimo encendió la discusión en el país y abrió un choque directo con las reglas que rigen la política salarial en Colombia.
Durante un consejo de ministros, el mandatario lanzó una advertencia al Banco de la República frente al incremento en las tasas de interés y dejó clara la postura del Gobierno si esa tendencia continúa. “Si la junta sigue en esa tontería, pues subimos otra vez el salario (…) Como están peleando dos fuerzas contrarias, contradictorias, el alza de la tasa de interés y el crecimiento del salario vital, pues nos podemos mover hacia el criterio constitucional móvil”, afirmó.
La declaración no pasó desapercibida. Mientras algunos sectores la interpretan como una defensa del poder adquisitivo de los trabajadores, expertos advierten que la idea de un aumento adicional en pleno año podría desatar un fuerte pulso jurídico.
#Atención El presidente Gustavo Petro advirtió que si el Banco de la República sigue subiendo las tasas de interés, su Gobierno volverá a aumentar el salario mínimo. pic.twitter.com/BZbmmyjUNO
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 22, 2026
Lo que dice la ley
El principal obstáculo está en las normas vigentes. La Ley 278 de 1996 establece que el salario mínimo se fija una vez al año mediante concertación entre Gobierno, empresarios y trabajadores. Esto limita la posibilidad de ajustes extraordinarios por fuera de ese proceso.
A esto se suma lo señalado por la Sentencia C-815 de 1999, que condiciona la intervención del Ejecutivo a la falta de acuerdo en la mesa tripartita y dentro del mismo calendario anual.
Desde el ámbito legal, las advertencias son claras. El académico Henry Amorocho fue directo: “No es una salida que tenga apoyo legal ni constitucional”. Otros analistas coinciden en que, de materializarse, una decisión de este tipo podría terminar en los estrados judiciales, con revisión del Consejo de Estado e incluso de la Corte Constitucional.
Más allá del frente jurídico, el anuncio también agita el debate económico. Especialistas consideran que vincular el aumento del salario mínimo con las tasas de interés no tiene un sustento claro, lo que podría generar más incertidumbre en el mercado.
Por ahora, no hay una medida concreta, pero el mensaje ya está sobre la mesa: el Gobierno no descarta mover una de las variables más sensibles de la economía. Y si lo hace, el país podría enfrentar no solo un nuevo ajuste salarial, sino también una tormenta legal y económica de gran alcance.

