Sandra Ortiz, involucrada en el caso UNGRD, sigue ‘con el agua al cuello’
Sin embargo, ella sigue sosteniendo su inocencia
La Fiscalía ha solicitado una medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, señalándola de haber manipulado y eliminado pruebas clave en el caso de corrupción que la involucra como “la mensajera”. Según el ente acusador, Ortiz habría utilizado su influencia para obstaculizar la investigación relacionada con la entrega de 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name.
Un análisis forense del celular de Ortiz, comparado con el de Olmedo López, exdirector de la UNGRD y colaborador en la investigación, reveló que la exconsejera borró conversaciones, registros de llamadas y contactos clave. Entre los mensajes eliminados figura información sobre una reunión en la suite 2312 del Tequendama Suites, donde presuntamente se entregó el dinero en maletas. Además, eliminó registros de su coordinación con López y del contacto con Name.
La Fiscalía también detectó irregularidades en proyectos vinculados a recursos de la UNGRD en Atlántico, específicamente en el municipio de Piojó, donde Ortiz habría mostrado interés en procesos no reportados oficialmente. Mensajes entre López y Ortiz confirman esta conexión.
Estrategias de encubrimiento
Los investigadores evidenciaron que Ortiz eliminó comunicaciones específicas en fechas y horas clave. Por ejemplo, en septiembre de 2023, conversaciones relacionadas con reuniones en el Tequendama fueron editadas en su dispositivo, pero se encontraron en el de López. Además, Ortiz presentó versiones incompletas de sus chats ante la Fiscalía, contradiciendo los hallazgos forenses.
Desde el inicio del escándalo, Ortiz ha negado las acusaciones, argumentando persecución mediática y presentando denuncias por amenazas contra su familia. Sin embargo, los investigadores concluyen que sus acciones fueron deliberadas para borrar rastros de su implicación en los hechos.
El informe de 20 páginas de la Fiscalía detalla cómo Ortiz habría sido un eslabón clave en las transacciones corruptas y en la manipulación de pruebas. Este miércoles, un juez decidirá si acepta la solicitud de detención preventiva en su contra.
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