Aumentar el salario mínimo en 2026 un 11% podría ser una decisión política, advierte exministro
El temor está en el presidente lo establezca mediante decreto
A pocos meses de que el Gobierno Nacional defina el incremento del salario mínimo para 2026, ya se empiezan a agudizar las tensiones entre el Ejecutivo, los empresarios y los representantes de los trabajadores. La posibilidad de que el ajuste se decrete nuevamente, sin un acuerdo en la mesa de concertación, está sobre la mesa. Esta vez, el aumento podría superar el 10%, una cifra que, según expertos, tiene más carga política que técnica.
El exministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, considera que el contexto actual deja poco margen para pensar en un consenso. En su opinión, el Gobierno de Gustavo Petro está buscando cerrar su mandato con una decisión histórica. “El presidente dijo que iba a colocar el incremento salarial, el más grande de la historia”, recordó Cabrera, quien anticipa un nuevo ajuste por decreto, al igual que en años anteriores.
Actualmente, el salario mínimo en Colombia está en $1.423.500 sin auxilio de transporte. Si el aumento proyectado del 11% se confirma, alcanzaría los $1.580.085. Sin embargo, con una inflación anual que ronda el 5,1% y una economía que muestra señales de desaceleración, algunos analistas advierten que un incremento de esa magnitud podría tener repercusiones negativas, especialmente en sectores vulnerables como las pequeñas y medianas empresas.
Atractiva a corto plazo, pero riesgosa, advierten
Cabrera, quien también fue director por Colombia ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, explicó que decisiones de esta naturaleza pueden parecer atractivas a corto plazo, pero tienden a trasladarse directamente al costo de vida. “Si suben los salarios, sube todo, pues automáticamente yo subo el valor de mis ventas, mis servicios y demás. Y eso repercute en la inflación automáticamente”, advirtió.
La situación se complejiza aún más con la implementación de la Reforma Laboral, que introduce nuevas obligaciones para los empleadores, como el fortalecimiento del contrato a término indefinido. Según el exministro, estos cambios, junto al incremento salarial, elevarán los costos laborales y afectarán directamente la capacidad de contratación de las pymes.
“Todos los costos laborales de la Reforma Laboral automáticamente van a repercutir, y sobre todo en las pequeñas y medianas empresas”, comentó. También advirtió que el efecto podría ser una reducción en la oferta de empleo formal, en lugar del fortalecimiento que se busca con las reformas.
Durante su gestión al frente del Ministerio de Trabajo entre 2020 y 2022, Cabrera impulsó la revisión de las decisiones económicas que están indexadas al salario mínimo, como los peajes y algunas tarifas públicas, con el objetivo de mitigar los impactos colaterales de los aumentos. No obstante, reconoció que lograr ese control fue un reto constante.
A medida que se aproxima diciembre, cuando tradicionalmente se cierra esta negociación, el debate continuará entre la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y la estabilidad macroeconómica. Cabrera concluyó que la fórmula más equilibrada sigue siendo la misma: ajustar el salario mínimo con base en la inflación y la productividad del país.
