Giro explosivo en la negociación del salario mínimo: el “ingreso digno” desata caos en la mesa
Mientras el Ejecutivo insiste en convertir este concepto moral en el nuevo eje del debate, los gremios aseguran que el país está a punto de enfrentar una negociación marcada por la incertidumbre.
La discusión del salario mínimo para 2026 entró en una fase turbulenta. A pocos días de que venza el plazo legal, el Gobierno sorprendió con un concepto que sacudió la mesa y encendió el nerviosismo empresarial: el llamado “ingreso digno”, una idea sin metodología definida y que, según varios analistas, podría disparar costos en todo el país antes incluso de que los trabajadores vean el aumento en sus bolsillos.
Mientras el Ejecutivo insiste en convertir este concepto moral en el nuevo eje del debate, los gremios aseguran que el país está a punto de enfrentar una negociación marcada por la incertidumbre. En este ambiente hostil, Fedesarrollo calcula un rango técnico entre 6 % y 7 %, pero el Gobierno insiste en un incremento del 11 % para empujar el salario hacia el supuesto umbral de dignidad económica.
La tensión ya es visible. Fenalco se levantó de la mesa tras acusar al Gobierno de anticipar el alza sin acuerdo previo. El empresariado teme que los anuncios políticos terminen asfixiando la formalidad laboral en un momento de contracción económica.
Un informe que prende las alarmas
En medio del forcejeo, un documento de Crowe Co encendió aún más las preocupaciones. Su autor, Guillermo Berrio, advierte un giro inesperado en la discusión: la pelea ya no será por porcentajes, sino por liquidez.
“El reto no será solo cuánto sube el salario, sino cuánto resiste la economía doméstica cuando todos los pagos y servicios ajusten su valor al nuevo mínimo”, dice Berrio, en una frase que ya genera inquietud en hogares y pequeñas empresas.
El reporte detalla que al menos 30 cobros automáticos se dispararán en enero. Dependiendo del sector, podrían llegar hasta 60 bienes y servicios afectados por el aumento del mínimo.
Entre los más críticos: arriendos, aportes a seguridad social para independientes, comparendos, pensiones escolares, servicios personales y cuotas judiciales.
Según el estudio, quien hoy paga $100.000 deberá preparar un desembolso cercano a $108.940, incluso si su ingreso real no mejora en la misma proporción.
Impactos que podrían golpear a millones
Bajo un escenario técnico del 8,94 %, una cuota judicial equivalente a un salario mínimo saltaría de $1.423.500 a $1.550.800, mientras un compromiso de dos mínimos llegaría a $3.101.600, afectando a miles de personas que dependen de contratos indexados.
Para las Pymes, la situación podría ser peor. El costo laboral total subiría entre 8,5 % y 9,3 %, presionando actividades con alta contratación como comercio, vigilancia, construcción y restaurantes. La reducción de la jornada laboral a 44 horas también aprieta el margen del sector privado: la hora ordinaria quedó en $6.189, limitando su capacidad de absorber nuevos incrementos.
Economistas de Anif y Fedesarrollo alertan que una subida abrupta puede dinamizar el consumo unas semanas, pero generar inflación de servicios e informalidad en el primer trimestre de 2026.
