¿Qué nuevos impuestos llegarán en 2026 y a quiénes les tocará pagar?
Con este escenario, el país entra en una nueva etapa de discusión fiscal, marcada no solo por la urgencia de recursos, sino por el pulso institucional que se avecina en la Corte Constitucional y por los efectos que las decisiones puedan tener sobre la economía real y la confianza de inversionistas y ciudadanos.
El Ejecutivo puso en marcha un paquete de medidas tributarias extraordinarias con el que busca cerrar una parte del faltante presupuestal del próximo año. A través del Decreto 1474, expedido bajo el marco de la emergencia económica, el Gobierno habilitó una serie de impuestos que entrarían a regir desde 2026 y que, según el Ministerio de Hacienda, permitirían aliviar la presión sobre las finanzas públicas tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.
De acuerdo con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el conjunto de disposiciones tendría un potencial de recaudo cercano a los 11,1 billones de pesos. No obstante, el propio funcionario reconoció que el desbalance del Presupuesto General de la Nación ronda los 16 billones, por lo que el ajuste no sería suficiente y obligaría a evaluar recortes y aplazamientos en distintos frentes del gasto público, incluida la inversión en infraestructura vial.
Más allá del impacto fiscal, la decisión abrió un debate jurídico de alto calibre. Expertos advierten que el uso de facultades excepcionales para crear o modificar impuestos traslada al Ejecutivo una competencia que, en condiciones normales, corresponde al Congreso. En ese sentido, la Corte Constitucional deberá determinar si la emergencia invocada cumple los requisitos exigidos por la Carta Política.
El estándar constitucional
Para el abogado y catedrático Ramiro Bejarano, los argumentos del Gobierno no cumplen con el estándar constitucional. “No son motivos sobrevinientes”, afirmó, al considerar que los problemas fiscales actuales eran previsibles y debieron tramitarse por la vía legislativa ordinaria. Una postura similar expresó el exministro de Justicia Andrés González Díaz, quien ha advertido que acudir a este mecanismo para imponer tributos tensiona la separación de poderes.
En lo económico, el decreto introduce cambios que afectan a varios sectores. Uno de los más sensibles es el impuesto al patrimonio, cuyo umbral se reduciría a 2.000 millones de pesos y que incorporaría tarifas progresivas con una tasa máxima del 5 % para los patrimonios más altos. La medida ampliaría de forma significativa el número de contribuyentes alcanzados por este gravamen.
Christian Junot Quiñonez, exsubdirector de la Dian, alertó sobre el impacto social de esta decisión: “Definitivamente le pega a la clase media”, en un contexto en el que el aumento de cargas no viene acompañado de mayores ingresos para amplios segmentos de la población.
Otro punto crítico es la sobretasa al sector financiero, que se elevaría de manera sustancial y podría llevar la carga tributaria total del sector a niveles cercanos al 50 %. Desde la Asociación Bancaria, su presidente Jonathan Malagón advirtió que los efectos no se quedarían en los balances de las entidades: “Las consecuencias no se limitan a los balances de los bancos; se transmiten a hogares y empresas”. Según sus estimaciones, el encarecimiento del crédito podría ubicarse entre 100 y 150 puntos básicos.
El decreto también reactiva discusiones en el ámbito minero-energético, especialmente por la no deducibilidad de regalías, y en el consumo, con el aumento del IVA a licores distintos a la cerveza y ajustes en los impuestos a los juegos de suerte y azar, incluidos los electrónicos. A ello se suma la reducción del umbral para importaciones pequeñas a través de plataformas digitales, lo que ampliaría la base de compras gravadas.
En paralelo a los impuestos, el Gobierno anunció que revisará vigencias futuras y podría congelar recursos para proyectos de infraestructura que no presenten avances, una señal que genera inquietud en el sector de obras públicas. A esto se suma la intención de obligar a los fondos privados de pensiones a repatriar inversiones en el exterior para destinarlas a proyectos estratégicos, una medida que ha despertado preocupación por sus implicaciones sobre la rentabilidad y la diversificación del ahorro pensional.
Con este escenario, el país entra en una nueva etapa de discusión fiscal, marcada no solo por la urgencia de recursos, sino por el pulso institucional que se avecina en la Corte Constitucional y por los efectos que las decisiones puedan tener sobre la economía real y la confianza de inversionistas y ciudadanos.
