Tribunal de Bogotá confirma condenas contra dos policías por interceptaciones ilegales a exniñera de Laura Sarabia
Los uniformados implicados están enfrentando a la justicia por uno de los escándalos más sonados del país
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó las penas impuestas al exintendente Alfonso Quinchanegua y a la expatrullera Dana Canizales, señalados por su participación en la obtención irregular de interceptaciones telefónicas contra Marelbys Meza, quien trabajó como niñera para la exjefa de gabinete Laura Sarabia. Ambos exfuncionarios de la Policía Nacional habían sido sentenciados en primera instancia por los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público.
La apelación interpuesta por la defensa de Quinchanegua no prosperó. Según lo expuesto por el magistrado Julián Hernando Rodríguez, los errores señalados no afectaron las garantías procesales ni alteraron el fallo original. En consecuencia, se confirmó la condena de 10 años de prisión para Quinchanegua y de 9 años y 4 meses para Canizales, tal como lo había establecido previamente el Juzgado 53 Penal del Circuito de Bogotá.
La decisión judicial se origina en una operación ilegal mediante la cual los procesados, junto con otros dos exuniformados también acusados, lograron aval judicial para interceptar las comunicaciones de Meza y otra exempleada doméstica, usando información falsa. Según la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, los implicados hicieron pasar a las víctimas como colaboradoras del Clan del Golfo, bajo los alias de “La Cocinera” y “La Madrina”, con el fin de obtener la aprobación de los jueces para intervenir sus teléfonos.
El engaño de los uniformados
La Fiscalía documentó cómo los uniformados engañaron tanto a fiscales como a jueces de control de garantías, manipulando documentos e identidades para sustentar una supuesta investigación contra organizaciones criminales. Todo esto se habría dado en el marco de una indagación por la desaparición de dinero en la casa de Laura Sarabia.
Quinchanegua y Canizales aceptaron los cargos y firmaron un preacuerdo con la Fiscalía, en el que se excluyó el delito de interceptación ilícita de comunicaciones. Gracias a este trato, recibieron una reducción de pena por complicidad, beneficio reconocido por el Tribunal en su fallo.
Pese a esta confirmación, las defensas todavía podrían recurrir al recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, si así lo deciden dentro de los plazos legales.
