Investigación por atentado a Miguel Uribe apunta a disidencias de la Segunda Marquetalia
Mientras tanto, el congresista sigue internado en UCI luchando por su vida
Las autoridades han intensificado las investigaciones en torno al atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio, y que hoy lo mantiene en estado crítico en una clínica de Bogotá. Nuevos hallazgos de la Policía Nacional refuerzan la hipótesis de que el crimen fue orquestado por estructuras armadas ilegales, en particular por el bloque Teófilo Forero, uno de los brazos más activos de la Segunda Marquetalia.
Este grupo, una de las principales disidencias de las extintas FARC, tiene amplia presencia en regiones como Caquetá, donde se han concentrado parte de las operaciones de inteligencia para rastrear a los responsables del atentado. Según reveló el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, las pruebas recabadas hasta ahora apuntan a que el atentado no fue un acto aislado ni de delincuencia común, sino una acción premeditada que responde a una estructura criminal organizada.
La operación, según las autoridades, habría incluido una red logística que permitió el traslado del arma homicida, la movilización de los autores materiales y el ocultamiento de los implicados en diferentes regiones del país. Una pieza clave en este engranaje habría sido alias “Gabriela”, una joven de 19 años que transportó el arma y se desplazó hasta Caquetá para recibir instrucciones del presunto coordinador del ataque, alias “el Costeño”, identificado como miembro de las disidencias.
De acuerdo con el general Triana, esta zona del país fue elegida por su control territorial por parte de la Segunda Marquetalia y por las garantías que les ofrece a sus miembros para refugiarse o entrenarse sin mayor intervención del Estado. “La instrucción era que llegara al Caquetá para recibir entrenamiento y protección. Esa zona está dominada por esa organización armada”, explicó el oficial.
Más de 240 acciones judiciales
Las autoridades ya han realizado más de 240 acciones judiciales en el marco de esta investigación, lo que ha permitido la captura de seis personas, entre ellas el menor de 14 años que disparó contra el político. El adolescente confesó haber recibido una oferta de 20 millones de pesos por ejecutar el ataque. Sin embargo, las autoridades aseguran que todavía hay al menos dos personas más vinculadas al caso que permanecen prófugas, pero plenamente identificadas.
Uno de los aspectos más delicados del proceso ha sido la participación de menores de edad en la planeación y ejecución del atentado. Un joven de 17 años, quien manifestó haber estado presente en reuniones relacionadas con el ataque, fue dejado en libertad tras pasar por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, debido a que no existía una orden judicial que permitiera su detención formal. Este hecho ha generado preocupación en las autoridades por el uso sistemático de adolescentes por parte de grupos armados ilegales para ejecutar este tipo de crímenes.
El director de la Policía insistió en que la investigación continúa y que el objetivo principal es dar con los determinadores del atentado. “Nos estamos acercando de forma profunda a identificar al determinador del atentado”, aseguró Triana, quien advirtió que no se descartarán más capturas en las próximas horas.
El caso ha encendido las alarmas sobre el accionar de estructuras criminales en la vida política del país y ha llevado a reforzar los esquemas de seguridad de varias figuras públicas. Lo que queda claro, según el avance de las investigaciones, es que el ataque contra Miguel Uribe no fue una improvisación, sino parte de una estrategia mucho más compleja que involucra a una organización armada con objetivos y capacidad operativa clara.
