Juliana Guerrero vuelve al centro de la polémica por uso irregular de aeronaves oficiales
El contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió que este tipo de hechos constituye un uso inadecuado de los recursos públicos y recordó a las entidades estatales la obligación de actuar dentro del marco legal
Juliana Guerrero, funcionaria del Ministerio del Interior y figura cercana al ministro Armando Benedetti, enfrenta un nuevo episodio de controversia tras conocerse un hallazgo fiscal de la Contraloría General por más de $213 millones. La entidad determinó que aeronaves de la Policía Nacional fueron empleadas para actividades sin relación con las funciones oficiales, lo que reactivó el debate sobre el rol y la permanencia de la joven en el Gobierno.
El caso involucra vuelos realizados el 19 y 20 de junio de 2025 bajo el convenio 400-2025, supuestamente destinados a una “reunión comunidad”. Sin embargo, la Contraloría estableció que el verdadero destino era una sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, donde Guerrero participaba como delegada. La revisión también detectó que en algunos desplazamientos estuvo presente su hermana, quien no posee vínculo alguno con la cartera del Interior.
Las aeronaves utilizadas —entre ellas un ATR-42 y helicópteros Bell-212— estaban contratadas para apoyar el proyecto “atención al Pueblo embera”. Pero los registros del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas mostraron que estos traslados, así como otros realizados en mayo, junio y agosto de 2025 en Cesar, Magdalena y Bogotá, no tenían justificación técnica ni correspondían a actividades misionales.
La advertencia del contralor
El contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió que este tipo de hechos constituye un uso inadecuado de los recursos públicos y recordó a las entidades estatales la obligación de actuar dentro del marco legal: “Quiero aprovechar esta oportunidad para llamar la atención a todas las entidades frente a que cuando se suscriben convenios, estos deben ser dentro del marco de las facultades y funciones propias de lo que eventualmente se haya concebido para el desarrollo de las actividades y proyectos”.
En su comunicación oficial, la Contraloría calificó el manejo de estos recursos como una “gestión fiscal ineficiente, ilícita e incompleta”, y sostuvo que el hallazgo tiene “connotación fiscal y presunta incidencia disciplinaria”. La situación llega en un momento en que Guerrero ya había sido objeto de críticas por su falta de experiencia y las circunstancias de su nombramiento en el Gobierno.
El informe fue remitido a la secretaria general del Ministerio del Interior, Nancy Stella Patiño León, con la instrucción de presentar un plan de mejoramiento en un plazo de diez días. Además, el caso pasará a la Delegada para Responsabilidad Fiscal, que evaluará si se abre un proceso formal contra los funcionarios involucrados.
Este episodio reaviva las dudas sobre la influencia política de Guerrero y la supervisión interna del Ministerio del Interior, poniendo nuevamente en entredicho la gestión de los recursos públicos dentro del Gobierno nacional.
