Drama en el Chocó: 18 soldados quedaron en poder de pobladores en medio de operativo contra el ELN
Cerca de 200 personas rodearon a los uniformados y los llevaron por la fuerza a un resguardo indígena en Carmen de Atrato. El Gobierno habla de secuestro y alerta por el impacto en la seguridad de la región.
Momentos de alta tensión se vivieron en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, donde un grupo de al menos 18 militares terminó retenido por cerca de 200 habitantes mientras adelantaban una operación contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El hecho fue confirmado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien denunció que los uniformados fueron rodeados, intimidados y trasladados en contra de su voluntad hasta un resguardo indígena. Para el funcionario, lo ocurrido constituye un secuestro que compromete gravemente el orden público en una región ya golpeada por la violencia.
Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, los soldados participaban en una misión enfocada en frenar el accionar de grupos armados ilegales y en proteger a la población civil de delitos como el reclutamiento de menores y el desplazamiento forzado. “Estas operaciones tienen como propósito proteger a la población civil —en especial a las comunidades indígenas— frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia”, señaló.
El llamado de la gobernadora
La situación encendió las alarmas en la Gobernación del Chocó. La mandataria departamental, Nubia Córdoba, anunció la convocatoria de un consejo de seguridad extraordinario para coordinar acciones urgentes que permitan recuperar la libertad de los militares retenidos y evitar una escalada mayor del conflicto en la zona.
Desde el Gobierno nacional advirtieron que este tipo de hechos dejan a las comunidades aún más expuestas al control de los grupos armados ilegales. “Ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de nuestros militares”, insistió el ministro Sánchez.
El episodio revive recuerdos recientes de situaciones similares en otras regiones del país. En septiembre pasado, decenas de uniformados fueron retenidos por pobladores en el Cañón del Micay, mientras que semanas antes otro grupo permaneció bajo custodia comunitaria durante varios días en el Guaviare, en zonas donde la presencia de estructuras armadas ilegales es fuerte.
Las autoridades sostienen que, en muchos de estos casos, los pobladores actúan presionados o instrumentalizados por organizaciones criminales, lo que convierte este tipo de retenciones en un nuevo y preocupante desafío para la seguridad y la institucionalidad en los territorios más vulnerables del país.
