Gobierno alista emergencia económica para cubrir faltante millonario del Presupuesto 2026
El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, durante la más reciente rueda de prensa de política económica del Banco de la República.
La Casa de Nariño se prepara para activar un mecanismo constitucional excepcional con el fin de enfrentar el desajuste fiscal que amenaza las finanzas públicas del próximo año. El Gobierno nacional confirmó que declarará el estado de emergencia económica, una decisión orientada a obtener recursos urgentes tras el revés legislativo que dejó sin piso la reforma tributaria.
El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, durante la más reciente rueda de prensa de política económica del Banco de la República. De acuerdo con el funcionario, la declaratoria permitirá expedir normas extraordinarias con las que el Ejecutivo busca recaudar cerca de 16 billones de pesos, monto necesario para cerrar el hueco del Presupuesto General de la Nación para 2026.
Ávila explicó que la situación se deriva directamente de la negativa del Congreso a aprobar la ley de financiamiento. “Fue negado por el Congreso de la República la ley de financiamiento y eso obliga al Gobierno a tomar medidas para recuperar los ingresos necesarios para que equilibren el Presupuesto aprobado por el mismo Congreso”, señaló. En esa misma línea, indicó que el Ejecutivo avanza en la formalización de la emergencia como vía para obtener los recursos que no pudieron asegurarse por la vía ordinaria: “Entre ellas estamos terminando de concretar la alternativa de declaración de emergencia económica, con la cual pretendemos que esos recursos que no han sido posible acudir a ellos para equilibrar el Presupuesto, va a ser necesario lograrlos a través de medidas acompañadas de la declaración de emergencia económica”.
El estado de excepción
La figura de la emergencia económica, social y ecológica está contemplada en el artículo 215 de la Constitución Política y faculta al presidente, con la firma de todos sus ministros, a adoptar medidas extraordinarias cuando se presenten alteraciones graves e inminentes del orden económico, social o ambiental. Este estado de excepción puede decretarse por periodos de hasta 30 días, prorrogables, sin que en ningún caso supere los 90 días dentro del mismo año.
Durante su vigencia, el Gobierno queda autorizado para expedir decretos con fuerza de ley, siempre y cuando estén destinados exclusivamente a atender la crisis y a evitar que sus efectos se profundicen. Según la normativa vigente y la interpretación del Consejo de Estado, estos actos tienen rango legislativo, aunque su alcance está claramente delimitado.
La Corte Constitucional ha reiterado que los decretos expedidos bajo emergencia deben cumplir condiciones estrictas, como una relación directa con la situación que se busca conjurar, carácter temporal y proporcional, respeto por los derechos laborales y sometimiento a control automático de constitucionalidad. Esto implica que todas las decisiones adoptadas bajo esta figura serán revisadas por el alto tribunal, que puede anularlas si exceden los límites fijados por la Carta Política.
Además del control judicial, la declaratoria tampoco excluye la vigilancia política. El Gobierno está obligado a rendir cuentas ante el Congreso, detallando las razones de la emergencia y las medidas implementadas. A su vez, el Legislativo conserva la facultad de modificar o derogar los decretos expedidos durante el año siguiente.
Con esta decisión, el Ejecutivo apuesta por una salida excepcional para sortear la estrechez fiscal, en medio de un escenario marcado por tensiones con el Congreso y por el reto de garantizar la viabilidad del presupuesto del próximo año sin desbordar los márgenes constitucionales.
