Fabiola Perea, extrabajadora del hogar de Laura Sarabia, demanda al Estado por interceptaciones y seguimientos ilegales
El escándalo vuelve a tocar la puerta de la exjefa de despacho presidencial
Una nueva acción judicial se abre paso en el caso que involucró a Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, por presuntos abusos de poder durante su paso por la Casa de Nariño. Esta vez, la protagonista es Fabiola Perea, una empleada doméstica que trabajaba por días en la residencia de Sarabia y que, tras lo ocurrido en 2023, decidió llevar su caso ante los tribunales.
El Juzgado 59 Administrativo de Bogotá admitió la demanda interpuesta por Perea contra varias entidades del Estado colombiano, a las que señala como responsables de los perjuicios sufridos por interceptaciones de comunicaciones, pruebas sin sustento legal y vigilancia encubierta. Los hechos ocurrieron en medio de las investigaciones por la desaparición de una suma de dinero en el apartamento de Sarabia, situación que derivó en actuaciones altamente cuestionadas por su desproporción.
En su denuncia, Perea solicita que se declare la responsabilidad de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Fiscalía General, argumentando que fue objeto de procedimientos arbitrarios que vulneraron su dignidad y su derecho a la intimidad.
Superando las limitaciones razonables
Los hechos que sustentan la acción judicial reflejan una operación institucional que, según la defensa de la extrabajadora, superó todos los límites razonables. Pruebas de polígrafo sin orden judicial, interceptaciones telefónicas con justificaciones falsas y seguimientos propios de casos criminales de alto impacto fueron algunos de los recursos empleados en su contra.
Parte del material entregado al juzgado evidencia que, para autorizar las escuchas ilegales, se construyeron informes que falsamente relacionaban a Perea con organizaciones criminales. Esa maniobra, además de ponerla en riesgo, tuvo consecuencias directas sobre su vida laboral y personal. “Ha sido incapaz de conseguir un nuevo empleo, privándosele de una fuente de ingresos estable desde el primero de junio de 2023 al día de hoy”, señala la demanda.
A partir de ese momento, su nombre quedó vinculado públicamente a estructuras ilegales, en particular al Clan del Golfo, lo que —según se indica en el documento— afectó no solo su reputación, sino también la seguridad de su familia. Por esta razón, además de Fabiola Perea, sus cinco hijos fueron incluidos como parte del proceso judicial.
Esta nueva acción legal se suma a la ya conocida por parte de Marelbys Meza, otra empleada doméstica que también denunció ser víctima de trato indebido por parte de organismos de seguridad del Estado tras la denuncia de Sarabia por el presunto hurto.
El caso vuelve a poner en discusión la forma en que se usaron recursos oficiales para resolver un conflicto de carácter privado y reabre el debate sobre la necesidad de establecer límites claros al poder institucional cuando se trata de ciudadanos sin capacidad de defensa frente al aparato estatal.
