Crece el escándalo de corrupción en la UNGRD y ahora involucra a Invías
Al menos 40 congresistas estarían involucrados en el escándalo
Una compleja red de corrupción que habría operado desde el interior de entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Instituto Nacional de Vías (Invías) salpica ya a cerca de 40 congresistas colombianos. Declaraciones entregadas a la Fiscalía General por dos testigos clave, María Alejandra Benavides y Olmedo López, revelan presuntos pagos y contratos direccionados para asegurar apoyos políticos en el Congreso.
Según documentos citados por la revista Semana, los recursos habrían sido utilizados para obtener votos favorables en temas sensibles para el Gobierno, como la reforma pensional, solicitudes de crédito internacional y la elección de magistrados. Entre los nombres que aparecen en las investigaciones hay legisladores activos, expresidentes del Congreso y exministros del gabinete de Gustavo Petro.
Benavides, exasistente del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, presentó a la Corte Suprema una lista con 28 representantes a la Cámara que, según ella, se beneficiaron de contratos gestionados desde Invías. A estos se suman al menos ocho senadores, entre ellos Efraín Cepeda, José Alfredo Gnecco y Juan Diego Echavarría. La información fue recopilada, de acuerdo con su versión, por un funcionario del propio Invías.
Amplios registros como prueba
Uno de los elementos que fortalecen la investigación son registros detallados sobre montos, municipios, radicados, nombres de contratistas y hasta evidencias electrónicas, como chats y videos. Los datos aparecen respaldados por testimonios y documentos entregados como parte del principio de oportunidad concedido tanto a Benavides como a López, exdirector de la Ungrd.
En su declaración, López señaló a varios exministros, incluidos Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, como piezas centrales en la coordinación de contratos direccionados para obtener beneficios políticos. A Bonilla lo responsabiliza de liderar una operación para adjudicar recursos por más de 90.000 millones de pesos a través del entonces subdirector Jaime Ramírez, con proyectos en Córdoba, Bolívar y Arauca. Además, indicó que se aseguraron 200.000 millones más con propósitos similares.
Sobre Velasco, López indicó que gestionó directamente la reducción de una cifra inicial de 80.000 millones a 35.000 millones para ser repartidos entre miembros de la Comisión Primera del Senado, como parte de acuerdos políticos. Esta versión coincide con conversaciones de WhatsApp entre el senador Julio Elías Chagüi y la propia Benavides, donde se detallan asignaciones de contratos.
También aparecen implicados los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle. El primero habría recibido 3.000 millones de pesos, entregados por la entonces consejera presidencial Sandra Ortiz —quien permanece detenida—, mientras que Calle habría recibido otros 1.000 millones en un apartamento en Montería, según versiones de López y del exfuncionario Sneyder Pinilla.
Como parte de su colaboración con la justicia, López propuso un plan de reparación que incluye la devolución de 724 millones de pesos y medidas simbólicas como talleres comunitarios y disculpas públicas.
La magnitud del caso, cuyas implicaciones abarcan a legisladores, funcionarios del Ejecutivo y operadores de contratos, ha desatado preocupación en el Congreso y pone en entredicho los mecanismos de gobernabilidad usados para avanzar en proyectos clave. Las confesiones continúan delineando lo que podría convertirse en uno de los mayores escándalos políticos de la última década en Colombia.
