Los reveladores detalles de los chats filtrados de alias Calarcá
La Asociación de Firmantes del Acuerdo de Paz reaccionó con un duro pronunciamiento: “En Colombia se asesina a los firmantes de paz como animales y nadie responde por este genocidio. El Gobierno nacional se hace el de la vista gorda”.
Hay conmoción en el país tras la filtración de mensajes extraídos de los computadores de alias Calarcá, uno de los principales jefes del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. El material digital, conocido por Noticias Caracol, muestra que mientras avanzaban las negociaciones con el Gobierno y regía un cese al fuego, esa estructura ilegal fortalecía su operación criminal, incorporaba menores y ampliaba su capacidad militar.
Una de las conversaciones más graves corresponde a la orden directa contra un exguerrillero que se había acogido al acuerdo de paz de 2016. El intercambio entre Calarcá y un integrante de su red deja en evidencia su decisión de acabar con la vida de Juan Gabriel Hurtado Bentancourt, el 6 de enero de 2024, en La Macarena, Meta.
En el chat, se leen mensajes como: “Maten a ese tipo” y, más adelante, “Matenlo y lo dejan por ahí que lo recojan”, y, según el medio antes mencionado, en los dispositivos había imágenes de la víctima antes y después del crimen.
La Asociación de Firmantes del Acuerdo de Paz reaccionó con un duro pronunciamiento: “En Colombia se asesina a los firmantes de paz como animales y nadie responde por este genocidio. El Gobierno nacional se hace el de la vista gorda”. El colectivo afirma tener registro de 482 firmantes atacados desde 2016, además de desapariciones y un secuestro.
Rompiendo los principios del acuerdo
Expertos en derecho internacional coinciden en que este panorama rompe los principios básicos que deben regir en un contexto de negociación armada. Kayle Johnson, director de investigaciones de la fundación CORE, declaró que “el asesinato de civiles y excombatientes durante la negociación constituye una violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y atenta contra los derechos humanos”, y advirtió que el grupo de Calarcá ha deteriorado la implementación del acuerdo de paz.
Las filtraciones también dan cuenta de secuestros, castigos violentos y actuaciones ilegales cometidas mientras el jefe guerrillero tenía órdenes de captura suspendidas por su calidad de negociador. En uno de los episodios más comprometedores, una caravana asociada a esta disidencia fue detenida con armas, dinero y un menor de edad, pese a estar bajo acompañamiento de la UNP. Sobre ese caso, la defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó:
“La suspensión de órdenes de captura no necesariamente se están utilizando por parte del grupo únicamente para acudir al proceso y adelantar las conversaciones… En la caravana, iban personas que no tenían suspendida la orden de captura e iban amparadas y escoltadas por la UNP. Había armas, dinero e iba un menor de edad. La duda ahí es cómo se evaluó esta situación por parte del Gobierno”.
Otro bloque de mensajes confirma el ingreso de menores a las filas, pese a que el grupo armado había prometido cesar esta práctica desde 2023. El 8 de marzo de 2024, alias “El Mueco” reportó el reclutamiento de una niña de 14 años y de un adulto. En su respuesta, Calarcá escribió: “Listo, muy bien, enviémelos a donde tailor”. La Defensoría del Pueblo asegura que ha corroborado casos recientes de menores vinculados a esa estructura.
En paralelo, los chats incluyen conversaciones sobre la compra de rifles Dragunov, fusiles Tavor y granadas. Datos de CORE señalan que el EMC pasó de operar en 66 municipios en 2022 a 110 en 2025, y duplicó el número de combatientes en ese mismo periodo.
Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro defendía públicamente la continuidad del proceso de diálogo y advertía que su éxito dependía de que Calarcá garantizara “el no reclutamiento de niños y el respeto a la libertad de decisión de las comunidades donde se asienta”.
María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, recordó que un negociador tiene la obligación de contribuir al fin del conflicto: “Un miembro representante de un grupo armado ilegal tiene el compromiso de estar aportando en la mesa para llegar a un acuerdo de paz, si hace lo contrario estaría incumpliéndole al proceso, al Gobierno y por supuesto al país”.
