Gobierno ordena traslado de cabecillas tras escándalo por fiesta en cárcel de Itagüí
Las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, evidenciaron una celebración con música en vivo, licor, comida en abundancia y equipos de sonido, en la que participó el cantante Nelson Velásquez.
El escándalo por una celebración dentro de la cárcel La Paz, en Itagüí, desató una reacción inmediata del Gobierno nacional, que decidió trasladar a Bogotá a los internos señalados de organizar el evento, varios de ellos cabecillas de estructuras criminales.
El anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro durante un consejo de ministros, en medio de la controversia generada por la difusión de videos que muestran una parranda vallenata al interior del penal. “Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra, trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, afirmó.
Las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, evidenciaron una celebración con música en vivo, licor, comida en abundancia y equipos de sonido, en la que participó el cantante Nelson Velásquez. El evento, realizado el 8 de abril en el patio uno del centro penitenciario, habría sido financiado por los propios internos y tendría un costo cercano a los 500 millones de pesos.
Múltiples cuestionamientos
El caso generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos. La concejal de Medellín Claudia Carrasquilla criticó la decisión del Ejecutivo y pidió claridad sobre los reclusos que serán trasladados. “Ahora sale dizque a ‘corregir’ anunciando el traslado de los bandidos que hicieron fiesta en la cárcel de Itagüí, como si el problema fuera de dirección… y no de fondo”, expresó.
La cabildante también puso en duda el impacto de la medida y cuestionó los beneficios otorgados a algunos de estos internos en el marco de los diálogos de paz. “¿Premio por delinquir? ¿Traslado como castigo después de una parranda?”, añadió, al tiempo que solicitó precisar si los trasladados corresponden a los voceros de estructuras criminales vinculados a estos procesos.
Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, confirmó que la actividad no contaba con autorización y abrió investigaciones disciplinarias contra funcionarios del penal. Como parte de las primeras decisiones, fueron retirados varios responsables, entre ellos directivos y personal de vigilancia.
En operativos posteriores, las autoridades incautaron decenas de electrodomésticos, bebidas alcohólicas, equipos tecnológicos y otros elementos prohibidos dentro del centro de reclusión, lo que evidenció fallas en los controles internos.
El episodio también coincide con el proceso de salida de prisión de uno de los líderes criminales recluidos en ese pabellón, lo que ha llevado a interpretar la celebración como un acto de despedida.
Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno sostiene que el traslado busca recuperar el control del sistema penitenciario, en medio de un caso que ha reavivado el debate sobre los privilegios en cárceles y el alcance de las políticas de paz urbana.
