La incertidumbre se apoderó de cientos de empleados de Lili Pink tras la intervención judicial que dejó bajo control estatal buena parte de sus tiendas y activos en el país. Sin embargo, en medio del revuelo, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) salió a dar un mensaje clave: los puestos de trabajo, por ahora, no están en riesgo inmediato.
La entidad confirmó que ya activó mesas de trabajo con el Ministerio de Trabajo para revisar la situación de los empleados y evitar afectaciones laborales en medio del proceso. La prioridad, según indicaron, es que la operación continúe y que los trabajadores no paguen las consecuencias de las investigaciones en curso.
Mientras la Fiscalía General de la Nación avanza con las medidas de extinción de dominio por presuntos delitos financieros, el Estado se prepara para asumir el manejo de los bienes. En ese escenario, la SAE tendrá la tarea de mantener vivas las tiendas, lo que se traduce en una señal de alivio para quienes dependen de estos ingresos.
Aun así, el ambiente está lejos de ser tranquilo. La continuidad de los empleos dependerá de un diagnóstico que evaluará desde las finanzas hasta la capacidad operativa de la marca, lo que deja abierta la puerta a decisiones que podrían cambiar el panorama más adelante.
Por ahora, el mensaje oficial busca calmar las aguas: las tiendas seguirán abiertas y los trabajadores continuarían en sus cargos. Pero detrás de esa aparente estabilidad, el futuro de miles de empleos sigue atado al rumbo que tome uno de los procesos judiciales más grandes contra una cadena comercial en Colombia.