Un nuevo choque entre la justicia y el poder sacude al país: el presidente Gustavo Petro deberá pagar una multa de 15 salarios mínimos tras incumplir una orden judicial que le exigía retractarse por acusaciones sin pruebas contra un directivo del sistema de salud.
La sanción fue impuesta por un juzgado administrativo en Bogotá, luego de verificar que el mandatario no ofreció las disculpas públicas ordenadas por la justicia a Jaime Miguel González Montaño, gerente de la EPS Coosalud, a quien había señalado de presuntos actos de corrupción.
El origen del escándalo se remonta a declaraciones de alto calibre hechas por el jefe de Estado en medio del debate nacional sobre la crisis del sistema de salud. En ellas, lanzó graves acusaciones que, según los jueces, no tenían sustento probatorio y vulneraban derechos fundamentales.
No se retractó
Pese a que un tribunal le dio un plazo claro para retractarse públicamente —tanto en redes sociales como en una intervención oficial—, el presidente no acató la orden. La falta de cumplimiento terminó por activar el incidente de desacato que hoy se traduce en una sanción económica.
Lejos de bajar el tono, Petro reaccionó con más fuerza tras conocerse la decisión. “El señor exgerente de Coosalud, señor González, es un corrupto y los miembros de la junta directiva de Coosalud deben ser procesados por la fiscalía, así sean familiares de expresidentes”, escribió.
En otro mensaje, lanzó una advertencia directa: “Corruptos y ladrones de la salud son corruptos y ladrones. Pueden arruinarme con multas y cárcel si quieren, como hicieron cuando salí de la alcaldía, pero no me callaré ante el robo de la salud”.
La decisión judicial reaviva la controversia y deja en evidencia una confrontación abierta entre el mandatario y la justicia, en medio de uno de los debates más sensibles del país: el futuro del sistema de salud.