Un nuevo choque entre la justicia
y el poder sacude al país: el presidente
Gustavo Petro deberá
pagar una multa de 15 salarios mínimos tras incumplir una orden
judicial que le exigía retractarse por acusaciones sin pruebas
contra un directivo del sistema de salud.
La sanción fue impuesta por un
juzgado administrativo en
Bogotá, luego de
verificar que el mandatario no ofreció las disculpas públicas
ordenadas por la justicia a
Jaime Miguel González
Montaño, gerente de la EPS
Coosalud, a quien
había señalado de presuntos actos de corrupción.
El origen del escándalo se
remonta a declaraciones de alto calibre hechas por el jefe de
Estado en medio del debate nacional sobre la crisis del sistema de
salud. En ellas, lanzó graves acusaciones que, según los jueces, no
tenían sustento probatorio y vulneraban derechos fundamentales.
No se retractó
Pese a que un tribunal le dio
un plazo claro para retractarse públicamente —tanto en redes
sociales como en una intervención oficial—, el presidente no acató
la orden. La falta de cumplimiento terminó por activar el incidente
de desacato que hoy se traduce en una sanción económica.
Lejos de bajar el tono, Petro
reaccionó con más fuerza tras conocerse la decisión. “El señor
exgerente de Coosalud, señor González, es un corrupto y los
miembros de la junta directiva de Coosalud deben ser procesados por
la fiscalía, así sean familiares de expresidentes”, escribió.
En otro mensaje, lanzó una
advertencia directa: “Corruptos y ladrones de la salud son
corruptos y ladrones. Pueden arruinarme con multas y cárcel si
quieren, como hicieron cuando salí de la alcaldía, pero no me
callaré ante el robo de la salud”.
La decisión judicial reaviva la controversia y
deja en evidencia una confrontación abierta entre el mandatario y
la justicia, en medio de uno de los debates más sensibles del país:
el futuro del sistema de salud.