Gobierno activa emergencia económica y asume facultades excepcionales
El Gobierno sostiene que la negativa del Legislativo a aprobar la iniciativa tributaria, que buscaba un recaudo de $16,3 billones para financiar el Presupuesto General de 2026, dejó a la Nación sin una fuente clave de ingresos y aceleró una crisis que ya venía gestándose por la rigidez del gasto público y múltiples obligaciones legales.
La administración del presidente Gustavo Petro decidió recurrir a la figura de Emergencia Económica y Social para enfrentar el desbalance fiscal que dejó el archivo de la reforma tributaria en el Congreso. La medida quedó consignada en el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el que el Ejecutivo podrá expedir normas con fuerza de ley durante 30 días en todo el territorio nacional.
El Gobierno sostiene que la negativa del Legislativo a aprobar la iniciativa tributaria, que buscaba un recaudo de $16,3 billones para financiar el Presupuesto General de 2026, dejó a la Nación sin una fuente clave de ingresos y aceleró una crisis que ya venía gestándose por la rigidez del gasto público y múltiples obligaciones legales.
Un hueco fiscal que llevó a una decisión extrema
En el decreto, firmado por el presidente y su gabinete, el Ejecutivo afirma que el país enfrenta una “situación grave e inminente” que limita la capacidad del Estado para cumplir compromisos esenciales. Según el documento, la falta de nuevos recursos compromete la prestación de servicios básicos y el cumplimiento de derechos fundamentales, en un contexto marcado por restricciones al endeudamiento y dificultades de caja.
La Casa de Nariño advierte que el hundimiento de dos reformas tributarias consecutivas, una que proyectaba recaudar cerca de $12 billones y otra de $16,3 billones, terminó por profundizar el desequilibrio fiscal y obligó a activar los mecanismos excepcionales previstos en la Constitución.
Presiones acumuladas sobre el gasto público
El Gobierno enumera varios factores que incrementaron la presión sobre las finanzas del Estado. Entre ellos están los costos del sistema de salud asociados a la UPC, el aumento del gasto en seguridad por el deterioro del orden público, la atención de emergencias derivadas de la ola invernal y los subsidios a la energía eléctrica en regiones vulnerables.
A esto se suman obligaciones judiciales por $1,5 billones, compromisos contractuales vencidos por $5,1 billones, pagos pendientes con víctimas del conflicto armado por $1,6 billones, además de las limitaciones que impone la regla fiscal y los problemas de liquidez de la Tesorería.
El margen de acción del Ejecutivo
Con la emergencia decretada, el Gobierno podrá adoptar decisiones tributarias sin pasar por el trámite ordinario del Congreso. El Decreto 1390 no detalla impuestos específicos, pero establece que las medidas se orientarán hacia una mayor carga para quienes tengan mayor capacidad contributiva, así como gravámenes enfocados en impactos ambientales y de salud pública.
Entre las opciones que el Ejecutivo evaluará se encuentran modificaciones al IVA, la creación o ajuste de un impuesto al patrimonio, mayores tributos al sector financiero y el fortalecimiento de los impuestos al consumo de productos considerados nocivos para la salud.
Propuestas aún en evaluación
Aunque han circulado versiones sobre posibles incrementos al gravamen a los movimientos financieros, nuevos impuestos a licores, cigarrillos y apuestas en línea, o cargas tributarias a la explotación de combustibles fósiles, el decreto no consigna ninguna de estas medidas de forma explícita. Su adopción dependerá de los decretos legislativos que se expidan durante la vigencia de la emergencia.
Revisión política y constitucional
El documento establece que, una vez finalice el estado de excepción, el Congreso ejercerá control político sobre las normas expedidas. Además, la Corte Constitucional revisará la legalidad tanto de la declaratoria como de las medidas adoptadas, incluso mediante sesiones extraordinarias si así lo considera.
Con esta decisión, el Gobierno abre un nuevo escenario de discusión nacional sobre el alcance de las facultades extraordinarias del Ejecutivo y el rumbo de la política fiscal, en un contexto marcado por la falta de consensos en el Congreso y la urgencia de asegurar recursos para el funcionamiento del Estado.
