Seis menores fallecieron durante combates en el Guaviare: Defensoría se pronunció
La defensora del Pueblo, Iris Marín, fue enfática al recordar que, incluso en contextos de confrontación armada, el Derecho Internacional Humanitario obliga a adoptar todas las precauciones posibles para evitar daños a niños, niñas y adolescentes.
La Defensoría del Pueblo manifestó profunda preocupación por la muerte de seis menores de edad durante una reciente operación militar en zona rural del Guaviare, donde las Fuerzas Militares adelantaban acciones contra las disidencias del Estado Mayor Central, estructura comandada por alias “Iván Mordisco”. Los menores, según la institución, habían sido reclutados forzosamente y se encontraban bajo control de ese grupo armado ilegal. Además, en el lugar fueron hallados cuatro cuerpos que aún no han sido identificados.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, fue enfática al recordar que, incluso en contextos de confrontación armada, el Derecho Internacional Humanitario obliga a adoptar todas las precauciones posibles para evitar daños a niños, niñas y adolescentes. “Ningún niño, niña o adolescente reclutado debería resultar afectado por operaciones militares”, señaló la entidad, advirtiendo que los menores conservan una protección reforzada derivada de principios como humanidad, precaución y necesidad militar estrictamente limitada.
¿Había otras alternativas?
La institución también hizo un llamado a evaluar si existían alternativas operacionales que hubieran permitido neutralizar la amenaza sin causar la muerte de los menores. Esta reflexión, explicó la Defensoría, responde a estándares internacionales que prohíben causar muertes o lesiones más allá de lo estrictamente necesario, incluso cuando se trata de operaciones legítimas.
Aun así, la entidad recordó que la responsabilidad inicial recae sobre quienes cometen el crimen de reclutamiento forzado. El EMC ha sido señalado este año por reiteradas violaciones al DIH en el departamento y por exponer a menores a riesgos extremos, una conducta que constituye un crimen de guerra según la normativa internacional incorporada al ordenamiento colombiano.
El comunicado también condena que los grupos armados utilicen a los menores como escudos humanos, práctica prohibida de manera categórica. Frente a ello, la Defensoría reiteró su llamado a la Fuerza Pública para actuar siempre dentro de los límites del DIH y proteger a la población civil ante los abusos de estas organizaciones.
Finalmente, la entidad insistió en que no puede normalizarse el sufrimiento de los niños en la guerra. La Defensoría sostuvo que su misión no es “certificar la legitimidad” de acciones militares, sino mantener una postura firme contra la violencia y a favor de la paz.
