Olmedo López declara ante la Corte Suprema en proceso contra senadora Sor Berenice Bedoya
La defensa del exdirector de la UNGRD manifestó que su colaboración está en riesgo
En medio del escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, exdirector de esa entidad, compareció este martes 23 de septiembre ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La diligencia tuvo lugar en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda y hace parte del proceso que se sigue contra la senadora Sor Berenice Bedoya, del partido ASÍ.
López llegó al alto tribunal custodiado por un esquema especial del INPEC, dada su condición de testigo clave en una de las tramas de corrupción más sensibles para el gobierno. A su entrada, reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos: “Acudo a la justicia las veces que me necesite y sigo esperando el preacuerdo de la justicia”.
Durante la diligencia, el exfuncionario habría entregado detalles sobre la supuesta solicitud de proyectos de la Ungrd por parte de Bedoya —a través de la senadora Martha Peralta—, a cambio de apoyo a reformas gubernamentales. Aunque Bedoya no figura formalmente en la matriz de colaboración que López entregó a la Fiscalía, su nombre ha aparecido en versiones previas dadas por el exdirector, lo que plantea interrogantes sobre el impacto que pueda tener esta declaración en el curso de la investigación.
La aprobación del preacuerdo
Al salir de la audiencia, su defensa insistió en que la aprobación del preacuerdo con la Fiscalía es indispensable para que López continúe aportando información en los casos abiertos. El abogado recordó que el exfuncionario ya ha entregado datos sobre congresistas y altos exfuncionarios, y que su cooperación está en riesgo si el pacto no es validado por un juez.
“El avance de las investigaciones depende de que este acuerdo se ratifique. Aún hay casos en etapa de indagación, otros en imputación y algunos ya en fase de acusación. Para que las declaraciones de López lleguen a juicio, es necesario que ese acuerdo tenga respaldo judicial”, afirmó.
El preacuerdo, radicado inicialmente en mayo, contempla el pago de $724 millones y una condena de seis años y dos meses de prisión. No obstante, fue rechazado por el juez de conocimiento por considerar que la pena no era proporcional a los hechos confesos. Desde entonces, el futuro de la colaboración de López ha quedado en un limbo procesal.
La defensa advirtió que sin garantías judiciales, su cliente queda expuesto, tanto en términos legales como de seguridad personal, pues las declaraciones ya entregadas han comprometido a múltiples figuras del ámbito político.
Este miércoles 24 de septiembre, López deberá presentarse nuevamente ante la Corte Suprema, esta vez ante la magistrada Cristina Lombana. Allí rendirá testimonio en otros procesos que involucran a los congresistas Martha Peralta, Carlos Trujillo, Julio Elías Chagüi y al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González.
Desde el entorno de López, se insiste en que su voluntad de colaborar está intacta, pero el proceso no puede avanzar sin respaldo institucional. La expectativa ahora recae en la eventual revisión del preacuerdo, que sería clave para destrabar los casos en curso.
