Uso comercial de viviendas sin permisos puede costar hasta 400 salarios mínimos, advierte el Ministerio de Justicia
El llamado es a que quienes tienen negocios en sus casas, hagan el trámite legal que corresponde
El Ministerio de Justicia encendió las alertas frente a una práctica cada vez más frecuente en zonas residenciales del país: transformar viviendas en espacios comerciales sin cumplir los requisitos legales. De acuerdo con la entidad, esta conducta puede acarrear sanciones severas para propietarios y arrendatarios, con multas que podrían llegar hasta los 400 salarios mínimos legales vigentes.
El mensaje va dirigido especialmente a quienes viven en edificios o conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal, donde además de las normas urbanísticas, aplican reglamentos internos que restringen el uso de los inmuebles. Utilizar un apartamento o casa para actividades comerciales, sin el debido respaldo legal, representa una violación a esas normas.
Transformar legalmente una vivienda en local comercial no es un proceso automático. El único camino válido es gestionar el cambio de uso de suelo ante la autoridad urbanística correspondiente, ya sea la alcaldía o una curaduría urbana. Esa modificación debe formalizarse por medio de escritura pública y registrarse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
En muchos casos, quienes arriendan o compran un inmueble desconocen que el uso del suelo está regulado desde la escritura del bien. El Ministerio recomendó verificar esa información antes de iniciar cualquier tipo de actividad económica en una propiedad destinada a uso residencial.
Más allá del marco legal nacional, la Ley 675 de 2001 otorga a las copropiedades la posibilidad de establecer reglas internas sobre el uso de los inmuebles. Si una persona utiliza su propiedad en contravía del reglamento, puede enfrentar sanciones impuestas por la administración del conjunto, que incluyen amonestaciones y multas. Aunque estas sanciones internas no son tan elevadas como las legales, sí pueden escalar si la conducta se mantiene.
Cuando se configura una infracción urbanística o una alteración significativa del entorno residencial, entran en juego otras normas de mayor alcance, como el Código Nacional de Policía y la Ley 388 de 1997. En estos casos, las autoridades municipales están facultadas para imponer sanciones económicas que pueden ascender a varios millones de pesos, dependiendo de la gravedad y la reincidencia.
El proceso sancionatorio contempla el derecho a la defensa: toda persona señalada de incurrir en este tipo de infracción debe ser notificada, podrá presentar descargos y tendrá la oportunidad de responder antes de que se imponga una sanción definitiva. Sin embargo, si no se corrige la falta, la sanción se mantiene.
El Ministerio recalcó que la falta de información no exime a los ciudadanos de cumplir la ley, y que es obligación tanto del propietario como del arrendatario verificar el uso permitido del inmueble. De igual forma, insistió en la importancia de consultar el reglamento de propiedad horizontal antes de realizar cualquier modificación en el uso del bien.
En términos prácticos, abrir un negocio en una vivienda sin haber hecho el trámite correspondiente puede salir muy caro. La suma de una multa de 400 salarios mínimos equivale a más de $500 millones de pesos al valor actual, lo que convierte esta infracción en una de las más costosas en materia urbanística.
Con este llamado, el Gobierno busca frenar el aumento de negocios informales en zonas residenciales y preservar la función original de estos espacios, además de evitar disputas vecinales y situaciones de convivencia complejas derivadas de actividades no autorizadas.
