UNP busca recuperar recursos tras detectar pagos a escolta que habría permanecido meses sin prestar servicio

Una revisión interna relacionada con contratos de seguridad encendió las alarmas en la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras descubrirse que un escolta habría permanecido durante varios meses sin cumplir funciones operativas mientras seguía generando cobros al Estado.

De acuerdo con la información conocida, el trabajador había sido asignado a un esquema de protección, pero nunca se integró formalmente a las labores previstas. Pese a ello, la situación no fue reportada oportunamente a la entidad, lo que permitió que continuara figurando como personal activo dentro del contrato.

Las primeras verificaciones indican que el caso se habría prolongado por más de seis meses. Durante ese periodo, la empresa encargada de prestar el servicio habría seguido facturando los costos asociados al escolta, incluyendo gastos administrativos, operativos y salariales.

Según los datos revelados, el valor mensual facturado rondaba los 14 millones de pesos, de los cuales aproximadamente la mitad correspondía directamente al pago recibido por el trabajador.

Mediante auditoría

La irregularidad fue detectada durante una auditoría adelantada por la unión temporal encargada de suministrar personal de protección a la UNP. En medio de la revisión también surgieron cuestionamientos relacionados con la supervisión del personal y el cumplimiento de los procedimientos internos de control.

Tras conocerse la situación, el escolta fue citado para entregar explicaciones dentro de un proceso disciplinario. Sin embargo, de acuerdo con los reportes, no acudió a la diligencia y posteriormente presentó su renuncia.

Desde la Unidad Nacional de Protección señalaron que la entidad solo tuvo conocimiento del caso recientemente debido a la ausencia de reportes formales sobre la novedad presentada dentro del esquema de seguridad.

“Hay una omisión que hace el escolta y, además, el protegido tampoco informó a la UNP que no había recibido al escolta”, señaló Miguel Ángel Quiroga, director de Protección de la entidad, en declaraciones entregadas a El Tiempo.

La UNP confirmó que avanza en la recopilación de información para establecer las responsabilidades correspondientes y anunció que buscará recuperar la totalidad de los recursos desembolsados por un servicio que presuntamente no fue prestado.

Paralelamente, la oficina jurídica estudia la presentación de acciones penales derivadas de los hechos investigados, mientras continúan las verificaciones sobre otros posibles casos similares dentro de los contratos tercerizados de protección.

El episodio vuelve a abrir el debate sobre los mecanismos de control en los esquemas de seguridad financiados con recursos públicos y sobre la supervisión de los contratos que respaldan la protección de funcionarios, líderes sociales y personas en condición de riesgo.