SIC formula cargos por presunta colusión en contratos de la Ungrd que comprometen más de $86.000 millones
Se espera que en las próximas semanas se conozcan los avances de la investigación
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) avanza en un proceso sancionatorio contra un grupo de exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), contratistas y empresas privadas, tras detectar un presunto esquema de colusión en al menos seis procesos de contratación pública entre 2023 y 2024.
El organismo de control formuló pliego de cargos a los implicados, entre quienes figuran Luis Eduardo López Rosero, señalado como articulador de un entramado empresarial diseñado para simular competencia en licitaciones millonarias que tenían como destino la atención de emergencias humanitarias en distintas regiones del país.
Sobre el valor de los contratos
La SIC estima que el valor total de los contratos afectados supera los $86.000 millones. De comprobarse la conducta anticompetitiva, las multas podrían alcanzar los $142.350 millones, equivalentes a 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme a la legislación vigente en materia de protección de la competencia.
Según las investigaciones, López Rosero habría presentado múltiples propuestas a través de sociedades bajo su control o propiedad directa, con el objetivo de aparentar pluralidad de oferentes. Sin embargo, todas las propuestas habrían sido concertadas, con precios previamente inflados. Este mecanismo habría contado con la participación directa de funcionarios de la Ungrd que facilitaron la adjudicación de los contratos a dicho conglomerado empresarial.
Entre los exfuncionarios señalados por su rol en estas maniobras están Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, quienes habrían intervenido de manera decisiva para direccionar los procesos a favor del grupo liderado por López Rosero. Según el expediente, el esquema también habría servido para canalizar pagos ilegales a quienes desde dentro de la entidad pública posibilitaban estas operaciones.
La investigación se fortaleció con información obtenida durante visitas administrativas, declaraciones de testigos, solicitudes formales de datos y cooperación interinstitucional, en particular con la Fiscalía General de la Nación.
El expediente advierte que los contratos adjudicados en estas condiciones tenían como propósito atender situaciones de emergencia en comunidades altamente vulnerables, lo que agrava la dimensión ética y legal del caso. La SIC calificó los hechos como un «grave atentado contra el principio de legalidad y la confianza ciudadana en el sistema de compras públicas».
En total, se adelantó un pliego de cargos contra personas naturales y jurídicas que habrían participado de manera activa o por omisión en el montaje de este esquema fraudulento. El procedimiento administrativo sancionatorio está en curso y podrá derivar no solo en multas millonarias, sino en inhabilidades para contratar con el Estado.
El caso se perfila como uno de los más relevantes en materia de competencia económica en los últimos años, y podría incidir en futuras regulaciones orientadas a prevenir la colusión en licitaciones públicas. La SIC señaló que el objetivo de estas acciones es “reforzar los esquemas de transparencia y legalidad” en la administración pública y garantizar que los recursos destinados a la atención de desastres sean utilizados de forma íntegra.
