Sin correctivos fiscales, deuda del Gobierno podría superar el 63 % del PIB en 2026
El Banco de la República hizo la advertencia
La sostenibilidad de las finanzas públicas vuelve a estar en el centro del debate. Un reciente informe técnico del Banco de la República advierte que, si el Gobierno Nacional no implementa ajustes serios en el manejo fiscal, la deuda pública neta del país alcanzaría el 63 % del Producto Interno Bruto (PIB) en apenas dos años.
El escenario descrito en el documento está basado en las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), y plantea un panorama complejo en el que el endeudamiento estatal se incrementaría de forma sostenida a partir de 2023, cuando se ubicó en 53,4 %. De no mediar cambios estructurales, el deterioro de las cuentas públicas estaría impulsado por un déficit primario persistente, costos de financiación elevados y un entorno de gasto inflexible.
Además, el Banco alerta que el déficit fiscal para 2025 podría situarse en torno al 7,1 %, lo que elevaría aún más la presión sobre el balance macroeconómico del país. Para los técnicos del Emisor, este desbalance también compromete la capacidad de maniobra de la política monetaria, al generar un entorno de tasas altas y mayor percepción de riesgo entre los inversionistas.
Una deuda difícil de estabilizar
En el documento se señala que la actual estrategia de ajuste planteada en el MFMP —que contempla una reducción gradual del déficit hasta el 3 % del PIB en 2028— no sería suficiente para estabilizar la deuda en los niveles considerados prudentes. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), por su parte, ya había advertido que se requiere un esfuerzo mayor para llevar la deuda al ancla del 55 % del PIB.
El Gobierno, por su parte, ha dejado sobre la mesa una nueva reforma tributaria que entraría en vigor en 2026, con la cual se espera recaudar 1,4 puntos del PIB adicionales. A esto se sumarían medidas contra la evasión y mejoras en la administración tributaria que aportarían otros 0,9 puntos, según estimaciones oficiales. No obstante, el éxito de estas medidas dependerá en buena parte del respaldo político que logren en un ambiente legislativo fragmentado.
Otro punto de presión que menciona el informe es la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que debe ser reglamentada mediante una Ley de Competencias. Aunque el Gobierno afirma que esta modificación no tendrá impacto fiscal, el Banco advierte que, de no ser así, podrían generarse nuevas obligaciones para el Presupuesto General de la Nación, lo que agravaría el escenario.
El reporte también pone énfasis en el riesgo que representa una política fiscal expansiva para la credibilidad de la política monetaria. En contextos de deuda alta, sostiene el Emisor, se reducen los márgenes para que el Banco de la República actúe con eficacia frente a presiones inflacionarias, y se incrementan las tasas de interés estructurales, afectando el crecimiento económico.
Finalmente, el Banco considera que un plan fiscal ordenado, que combine reformas de ingreso y ajustes al gasto, es fundamental para recuperar la confianza de los mercados y evitar un sobreajuste futuro que termine afectando al sector privado.
