Sandra Ortiz insiste en que “el país conozca todo lo que ha pasado” en caso Ungrd

La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, volvió a solicitar su libertad por vencimiento de términos dentro del proceso judicial que enfrenta por el escándalo de corrupción de la Ungrd, pero durante la audiencia también lanzó fuertes declaraciones sobre lo que, según ella, hay detrás de su caso.

Ante el juez de control de garantías de Bogotá, la exfuncionaria aseguró que su principal interés es que el proceso avance y que se conozca públicamente lo ocurrido alrededor de las investigaciones. “Su Señoría, yo soy la más interesada en que se sepa la verdad y que el país conozca todo lo que ha pasado”, manifestó durante su intervención.

Ortiz permanece detenida desde diciembre de 2024 y afirmó que ha tenido dificultades, junto a su defensa, para recopilar elementos probatorios que permitan responder a los señalamientos hechos por la Fiscalía. Según explicó, todavía están a la espera de informes técnicos que consideran fundamentales para el juicio.

La exconsejera sostuvo además que no busca retrasar el proceso con las solicitudes de libertad que ha presentado ante la justicia. Por el contrario, afirmó que su intención ha sido impulsar el desarrollo de las audiencias para esclarecer los hechos. “No es justo que me castiguen por intentar reclamar mi libertad, es un derecho que yo tengo”, expresó.

Durante la diligencia judicial también denunció presuntas presiones para declarar contra antiguos integrantes del Gobierno nacional. Según relató, antes de que se ordenara su detención habría recibido advertencias relacionadas con posibles declaraciones sobre exministros vinculados al caso. “Desde ese momento entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político”, afirmó.

La Fiscalía acusa a Ortiz de lavado de activos y tráfico de influencias en servidor público, dentro de las investigaciones por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El ente acusador sostiene que la exfuncionaria habría participado en la entrega de sobornos destinados a favorecer intereses políticos en el Congreso.

Mientras la defensa insiste en que aún faltan pruebas por incorporar al expediente, la Fiscalía y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado consideran que varias de las demoras en el proceso han estado relacionadas con recursos y solicitudes promovidas por los abogados de Ortiz.

La audiencia continuará mientras el juez define si procede o no la nueva petición de libertad presentada por la exconsejera presidencial.