Defensoría pide tumbar resolución que nombró a Salvatore Mancuso gestor de paz
El documento, firmado por la defensora Iris Marín Ortiz y enviado al alto tribunal, cuestiona que se entreguen funciones oficiales a antiguos comandantes implicados en crímenes graves y que, en algunos casos, fueron expulsados del proceso de Justicia y Paz por reincidencia o por no cumplir los compromisos de verdad, reparación y no repetición.
La decisión del Gobierno de otorgar a Salvatore Mancuso el estatus de gestor de paz volvió a encender el debate nacional. La Defensoría del Pueblo le solicitó al Consejo de Estado anular la resolución presidencial que habilitó a 16 exintegrantes de las AUC —entre ellos el exjefe paramilitar— para asumir ese rol, argumentando riesgos institucionales y falta de soporte jurídico.
El documento, firmado por la defensora Iris Marín Ortiz y enviado al alto tribunal, cuestiona que se entreguen funciones oficiales a antiguos comandantes implicados en crímenes graves y que, en algunos casos, fueron expulsados del proceso de Justicia y Paz por reincidencia o por no cumplir los compromisos de verdad, reparación y no repetición.
Otras nombres en la lista
Aunque la lista incluye a figuras como “Jorge 40”, “Macaco”, “Don Berna”, “Diego Vecino” y “El Alemán”, la presencia de Mancuso —quien recientemente ha tenido fuerte visibilidad pública tras su regreso al país— se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del debate. Para la Defensoría, esa designación impacta directamente en la confianza ciudadana hacia las instituciones.
En el recurso judicial, la entidad advierte: “En el presente caso, la necesidad de la suspensión provisional que se solicita radica en los graves efectos que en el plano político y social genera la vigencia y aplicación de la resolución demandada, en cuanto concede el estatus de gestores de paz”.
La entidad insistió en que esas figuras fueron “personas de amplio conocimiento y recordación por parte de la ciudadanía como autores intelectuales y materiales de muchos y muy graves delitos”, lo que hace que su participación en actividades institucionales pueda alterar el orden político y social y poner en entredicho el rol del Estado como garante de derechos humanos.
La resolución cuestionada fue expedida el 21 de septiembre de 2025 por el Gobierno de Gustavo Petro. Ahora será el Consejo de Estado el que determine si la medida se mantiene o queda sin efectos.
