Reforma pensional enfrenta revisión en la Corte por supuestas fallas en su aprobación
La representante Lina María Garrido presentó una demanda
Una nueva controversia sacude el futuro de la reforma pensional, luego de que la representante Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, presentara una demanda ante la Corte Constitucional en la que solicita tumbar la ley aprobada por el Congreso, al considerar que su trámite violó principios esenciales del procedimiento legislativo.
La congresista cuestiona la legalidad de las sesiones plenarias del 27 y 28 de junio de 2023, en las que se realizaron los anuncios y votaciones clave del proyecto. En su escrito, Garrido advierte que la sesión del día 27 carece de validez jurídica, ya que el acta correspondiente no fue aprobada por la plenaria, lo que —según afirma— impide demostrar que esa reunión efectivamente tuvo lugar.
Además, sostiene que durante dicha sesión no se alcanzó el cuórum mínimo exigido por la Constitución para tomar decisiones. Para ella, estos hechos comprometen no solo la legitimidad de los anuncios hechos ese día, sino también la validez de la votación del día siguiente, en la que se dio luz verde al articulado final de la reforma.
“La sesión del 28 de junio no puede sustentarse en unos anuncios realizados en una sesión que no existió formalmente”, señala la representante en su intervención. También argumenta que esta situación vulnera principios constitucionales como la publicidad, la deliberación democrática y la consecutividad, todos fundamentales en el proceso de formación de las leyes.
Como parte de su exposición, Garrido invoca precedentes del alto tribunal que refuerzan su postura. Uno de ellos establece que la existencia de una sesión depende de la aprobación de su respectiva acta, la cual debe ser publicada en la Gaceta del Congreso. En otras palabras, sin acta, no hay constancia válida de que la sesión se haya realizado.
Una solicitud en análisis
La solicitud fue radicada bajo el expediente D-15.989, y se encuentra actualmente en análisis por parte del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte. El togado lidera la revisión de al menos 17 pruebas enviadas por la Cámara de Representantes para evaluar si los señalamientos de la congresista tienen sustento y si los pasos del Congreso cumplieron o no con la normatividad vigente.
De confirmarse los vicios alegados por Garrido, el proyecto pensional podría ser declarado inexequible, impidiendo su implementación. De lo contrario, seguiría su curso como una de las reformas estructurales del actual Gobierno.
Este debate jurídico se suma a la polarización política en torno al contenido de la reforma, pero ahora el foco se desplaza al terreno formal: ¿fue aprobada respetando la Constitución? La respuesta estará en manos de la Corte Constitucional.
