Petro cuestiona sanción a Daniel Quintero
Petro reaccionó públicamente al conocer la confirmación del fallo y reiteró una posición que ha defendido desde su llegada al poder: “las autoridades administrativas no pueden suspender derechos políticos”
La disputa entre el expresidente Gustavo Petro y la Procuraduría General volvió a encenderse tras la confirmación de una sanción disciplinaria contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, a quien el organismo ratificó seis meses de suspensión e inhabilidad por participación indebida en política.
El fallo, emitido en segunda instancia, mantiene la decisión tomada por la Procuraduría en torno al video conocido como “el cambio en primera”, difundido en mayo de 2022, cuando Quintero aún era mandatario local. La entidad concluyó que el mensaje constituía un apoyo directo al entonces candidato presidencial Gustavo Petro. Como parte de la sanción, también se fijó una multa cercana a los 100 millones de pesos.
Petro reaccionó públicamente al conocer la confirmación del fallo y reiteró una posición que ha defendido desde su llegada al poder: “las autoridades administrativas no pueden suspender derechos políticos”. De esta manera, el presidente insistió en que decisiones como la aplicada a Quintero vulneran garantías propias de los funcionarios elegidos mediante votación popular.
El pronunciamiento de Quintero
Quintero, por su parte, comunicó la decisión a través de sus redes sociales: “La Procuraduría confirmó fallo por el que me suspendieron mientras era alcalde por el ‘Cambio en primera’ al considerar que fue participación en política”. En entrevista con W Radio, cuestionó la imparcialidad del ente disciplinario y lanzó una crítica directa: “¿Por qué solo contra mí? ‘Fico’ me atacó y a él nunca lo suspendieron. La justicia tiene favoritos”.
Además, anunció que llevará su caso ante el Consejo de Estado y apelará a los criterios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que, según su interpretación, impedirían que un organismo administrativo limite derechos políticos de funcionarios elegidos.
Mientras se reabre el debate sobre la sanción disciplinaria, Quintero enfrenta otro proceso, esta vez en sede penal. El mismo 21 de noviembre inició formalmente el juicio por el caso Aguas Vivas, que involucra un predio cedido sin costo al municipio en 2019 y que, durante su administración, habría sido objeto de maniobras irregulares para su monetización.
El actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, atribuyó la apertura del proceso a gestiones impulsadas por su despacho: “Esta decisión obedece a una acción judicial que interpuse desde la alcaldía frente a este caso. Hay que recordar que el caso de Aguas Vivas es solo uno de los 650 hallazgos que le entregamos a los entes de control”.
Según la Fiscalía, particulares habrían intentado reclamar más de 53.000 millones de pesos al Distrito por el lote, mientras que funcionarios de la administración anterior, incluido Quintero, habrían favorecido intereses privados mediante decisiones tomadas por fuera de los procedimientos establecidos. El expediente reúne más de 3.900 documentos y contempla delitos como peculado y participación indebida en contratos.
El juicio también aborda la presunta modificación del Plan de Ordenamiento Territorial mediante decreto y sin la autorización del Concejo de Medellín, situación que encaja en la tipificación de prevaricato.
