Olmedo López testificará ante la Corte Suprema por presuntas irregularidades en contratos de la UNGRD
El caso devela cada vez más involucrados
Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), deberá presentarse el próximo 23 de septiembre ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La diligencia hace parte del proceso que se adelanta por presunta corrupción en la entidad y, en particular, por los posibles vínculos de la senadora Berenice Bedoya en el direccionamiento de contratos.
La comparecencia de López ante el Alto Tribunal ocurre luego de que este firmara un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación. Bajo este acuerdo, se suspende parcialmente la acción penal en su contra durante un año —con posibilidad de prórroga— mientras colabora con la justicia. El preacuerdo contempla que López sirva como testigo de cargo en otros procesos relacionados con el escándalo de corrupción, exprese su arrepentimiento de manera pública y se comprometa a no reincidir en conductas delictivas.
Los delitos en cuestión
Entre los delitos por los que estaba siendo investigado López Martínez figuran interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado por el uso.
Ahora, su testimonio será clave en la investigación contra la senadora Bedoya, del Partido ASI, quien estaría implicada en posibles maniobras para beneficiar a determinados contratistas al interior de la UNGRD, presuntamente a cambio de apoyos políticos. Según fuentes cercanas al caso, la Corte busca determinar si Bedoya condicionó su respaldo a la reforma pensional a cambio de participación en contratos de la entidad.
La citación fue emitida el pasado 10 de septiembre y apunta a esclarecer el nivel de injerencia política en el entramado de corrupción que se investiga desde hace varios meses. La declaración de López podría representar un giro decisivo en la macroinvestigación que involucra a varios exfuncionarios y congresistas, en uno de los casos más sensibles de los últimos años en materia de contratación estatal.
Con este paso, el proceso judicial avanza hacia una nueva etapa, en la que la cooperación del exdirector de la UNGRD podría abrir camino a imputaciones formales contra otros actores del escándalo.
