Condenan al hermano de Álvaro Uribe Vélez
El expresidente se pronunció al respecto y aseguró sentir "mucho dolor" por el actuar del sistema en el caso de su hermano
El sistema judicial colombiano cerró un capítulo decisivo en uno de los expedientes más prolongados del país: el Tribunal Superior de Antioquia condenó a 340 meses de prisión a Santiago Uribe Vélez tras hallarlo responsable de integrar y dirigir el grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles”, activo en Yarumal a comienzos de los años noventa.
La decisión deja sin vigencia la absolución emitida en 2024 y sostiene que Uribe Vélez participó en el asesinato del campesino Camilo Barrientos en 1994. Los magistrados determinaron que las acciones cometidas por la estructura armada se enmarcan en delitos de lesa humanidad, categoría que incrementa las sanciones y garantiza que estos hechos no prescriban. En su resolución, la corporación afirmó que el pronunciamiento busca «cerrar ciclos de impunidad en casos de paramilitarismo», una referencia directa a las décadas de violencia que han marcado esa región del país.
Un proceso que viene desde 2010
El proceso, que se abrió en 2010, atravesó años de controversias, aplazamientos y fuerte presión mediática. Con este fallo, la justicia reconoce la existencia de al menos una decena de homicidios atribuidos al grupo ilegal que, según el expediente, operó de manera sistemática contra supuestos colaboradores de la guerrilla.
La reacción política no se hizo esperar. A través de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó: «Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude», mensaje que reavivó las tensiones que históricamente ha generado este caso.
Tanto organizaciones de víctimas como voceros de la Fiscalía consideraron la condena como un paso importante en el esclarecimiento de la violencia paramilitar en Antioquia y en la recuperación de la memoria histórica.
A pesar de la orden de reclusión inmediata, la defensa del empresario antioqueño —de 74 años— recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia. El equipo jurídico alegará errores en la valoración de pruebas y testigos. Paralelamente, se estudiará si su condición física y su edad permiten que cumpla la pena en detención domiciliaria, decisión que dependerá de los resultados de exámenes médicos especializados.
