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Colombia

La Policía Nacional tendrá que indemnizar a la familia de un habitante de calle

Dos agentes que también se encontraban en el lugar no hicieron nada

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Casi 300 millones de pesos tendrá que pagar la Policía Nacional a la familia de un habitante de la calle que pedía limosna en una zona comercial de Yopal, quien perdió la vida luego de que un policía le disparara.

Los hechos se registraron en noviembre de 2016, cuando un hombre, habitante de calle, se aproximó a un local comercial solicitando dinero a las personas que se encontraban allí presentes. Lo anterior provocó que las personas alertaran a la patrulla de seguridad de la estación de Policía «El Hobo» en Yopal.

Los agentes de policía se presentaron en el sitio, solicitaron al individuo su documento de identidad y lo registraron. Después de notar que no tenía su identificación, lo pusieron bajo custodia y lo llevaron caminando a la estación de policía más cercana.

Según la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare, durante el trayecto, Diego Emilio Echavarria Vergara, quien se desempeñaba como parrillero, agredió a la víctima. Minutos después de ser llevado al Centro de Atención Inmediata (CAI), el agente de policía le quitó la vida al habitante con su arma de dotación.

Mientras tanto, los dos agentes que también se encontraban en el lugar no hicieron nada por evitarlo y dieron versiones distorsionadas de lo ocurrido dentro del CAI a las autoridades disciplinarias y penales.

La investigación

De acuerdo con los investigadores del caso, el informe de necropsia, los planos topográficos, el acta de reconstrucción de los hechos y el concepto pericial de balística, permitió concluir que el habitante de calle perdió la vida mientras se encontraba de rodillas.

Por su parte, Echavarria Vergara justificó que el deceso del hombre se debe a que, supuestamente este le había arrebatado la pistola que llevaba en la cintura. Sin embargo, esta versión se desmentió durante la investigación judicial, ya que se descubrió que el arma se encontraba guardada de forma segura y para sacarla era necesario desbloquear dos seguros simultáneamente. Además, la víctima se encontraba esposada en el momento de los hechos.

Después de recolectar las pruebas necesarias durante la investigación, la familia tomó la decisión de presentar una demanda de reparación directa. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal, en fecha 9 de diciembre de 2021, emitió una sentencia en la que se declaraba que la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional eran administrativamente responsables de los hechos.

La decisión se apeló y el Tribunal Administrativo de Casanare ratificó la resolución en un segundo juicio y ordenó al gobierno nacional indemnizar a la familia del fallecido, compuesta por su padre, hermanos y sobrinos, con una suma de 300 millones de pesos por los daños y perjuicios causados.

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Daniela López González