Caso Gustavo Sastoque: el Estado colombiano reconoce su error en uno de los fallos judiciales más graves de los años noventa
Pagó cárcel siendo inocente y hoy el Estado lo reconoce en público
Una condena impuesta con base en testigos falsos, una captura irregular y más de una década de prisión marcaron la vida de Gustavo Sastoque Alfonso, exfuncionario del CTI de la Fiscalía, quien fue procesado por el asesinato de Hernando Pizarro Leongómez en 1995. Treinta años después, el Estado colombiano reconoció públicamente su responsabilidad en un acto simbólico encabezado por la fiscal general Luz Adriana Camargo, que cerró oficialmente uno de los capítulos más oscuros del sistema de justicia nacional.
Hernando Pizarro, hermano del excandidato presidencial Carlos Pizarro, fue asesinado en febrero de 1995 en Bogotá. Un mes más tarde, Sastoque, entonces con 26 años y desempeñando funciones administrativas en el CTI, fue señalado como uno de los autores materiales del crimen. La acusación se basó en un testimonio directo y otros anónimos. A pesar de las pruebas que lo ubicaban en otro lugar al momento del homicidio, fue arrestado y posteriormente condenado.
Sastoque pasó casi once años en prisión. Su caso se convirtió en símbolo del uso excesivo de figuras como la «justicia sin rostro», que permitió condenas sin el debido proceso. “Fueron once años de sufrimiento, humillaciones, vejámenes, que un ser humano jamás lo merece”, dijo durante la ceremonia en su honor.
El giro en la historia
El giro en su historia llegó en octubre de 2020, cuando antiguos jefes de las FARC, en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), asumieron la responsabilidad por el asesinato de Pizarro Leongómez. Ese reconocimiento fue clave para que el caso de Sastoque fuera reexaminado.
Con el respaldo de la Asociación Minga, su defensa acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual concluyó que el Estado colombiano violó su derecho a la libertad personal, al debido proceso y a la protección judicial. La CIDH recomendó una reparación integral, que incluyó una compensación económica y un acto público de disculpas, finalmente realizado el 6 de octubre de 2025.
“Pasé 10 años, 8 meses y 28 días en distintas cárceles, sobreviviendo a todas las humillaciones posibles. Pagué con los mejores años de mi vida un crimen que jamás cometí”, afirmó visiblemente afectado. En su intervención también recordó a su madre, quien falleció sin poder verlo libre: “El sistema judicial colombiano también asesinó a mi madre, mi madrecita, privándola del consuelo de ver libre a su hijo”.
Este reconocimiento oficial representa no solo una reparación simbólica para Sastoque, sino también un mensaje sobre la necesidad de transformar las prácticas judiciales y garantizar el respeto por los derechos fundamentales. El caso queda como advertencia sobre los riesgos de procesos construidos sin garantías y el impacto humano de las decisiones institucionales erradas.
