Fenalco demanda aumento del salario mínimo de 2026
Para Fenalco, uno de los puntos más sensibles del decreto es la ausencia de una justificación clara que explique cómo se llegó a un aumento del 23,7%, cuando los indicadores económicos disponibles, según sus estimaciones, apuntaban a un ajuste muy inferior.
El incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno para 2026 ya enfrenta su primer gran desafío en los estrados judiciales. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) acudió al Consejo de Estado para solicitar la nulidad del Decreto 1469 de 2025 y pedir que su aplicación sea frenada de manera inmediata, al considerar que la medida carece de sustento legal y técnico.
El gremio asegura que el Ejecutivo se apartó del procedimiento establecido en la ley para fijar el salario mínimo y adoptó criterios que no hacen parte del marco normativo colombiano. En particular, cuestiona el uso del concepto de “salario vital”, inspirado en lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, en reemplazo de variables obligatorias como la inflación, la productividad y el crecimiento económico.
Para Fenalco, uno de los puntos más sensibles del decreto es la ausencia de una justificación clara que explique cómo se llegó a un aumento del 23,7%, cuando los indicadores económicos disponibles, según sus estimaciones, apuntaban a un ajuste muy inferior. Esta diferencia, advierte el gremio, genera inseguridad jurídica y pone en riesgo la estabilidad de miles de empresas.
Señalan que desconoció el papel técnico del DANE
En su argumentación, Fenalco también señala que se desconoció el papel técnico del DANE en la medición del Índice de Precios al Consumidor, elemento clave para evaluar la inflación. A esto se suman las advertencias sobre efectos adversos como el encarecimiento de los costos laborales, el debilitamiento del empleo formal y el crecimiento de la informalidad.
Las proyecciones del gremio indican que el impacto del aumento podría traducirse en la pérdida de más de 770.000 empleos y en el cierre de un número significativo de micro, pequeñas y medianas empresas, consideradas las más vulnerables frente a incrementos abruptos del salario mínimo.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, defendió la acción judicial al señalar: “El decreto incurre en inconsistencias legales profundas al aplicar criterios no contemplados en la ley y desconocer las variables técnicas que obligatoriamente deben tenerse en cuenta para la fijación del salario mínimo”.
Ahora será el Consejo de Estado el encargado de evaluar la solicitud de suspensión provisional y, posteriormente, decidir si el decreto se ajusta o no a la legalidad vigente, una determinación que tendrá efectos directos sobre la economía y el empleo en Colombia durante 2026.
