Custodia estatal termina en tragedia para un funcionario detenido por razones políticas en Venezuela

Un nuevo hecho sacude el panorama de derechos humanos en Venezuela tras conocerse el deceso de Edison José Torres Fernández, un funcionario policial que permanecía detenido por razones políticas y que perdió la vida el 10 de enero de 2026 mientras se encontraba bajo resguardo de organismos de seguridad del Estado.

Torres Fernández, de 52 años, prestó servicio durante más de dos décadas en la Policía del estado Portuguesa. Su aprehensión se produjo el 9 de diciembre de 2025, luego de que circularan en redes sociales mensajes atribuidos a él en los que expresaba críticas contra el Gobierno nacional y autoridades regionales. Desde entonces, permanecía recluido en instalaciones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Zona 7, en Caracas.

Aunque nunca hubo una confirmación oficial, de forma extraoficial se conoció que enfrentaba señalamientos por traición a la patria y asociación para delinquir, figuras penales comúnmente aplicadas en casos vinculados a disidencia política dentro del país.

La información sobre las circunstancias que rodearon su deceso es prácticamente inexistente. No se ha emitido ningún comunicado oficial que explique qué ocurrió ni si el detenido recibió atención médica adecuada durante su reclusión. Esta ausencia de claridad ha generado fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Una alerta nacional

El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) alertó que el caso ocurrió apenas 62 horas después del anuncio gubernamental sobre un proceso de excarcelaciones, lo que, a su juicio, evidencia las graves condiciones en las que permanecen quienes siguen privados de la libertad por motivos políticos. La organización responsabilizó directamente al Estado y exigió una investigación inmediata, independiente y transparente.

Además, reiteró su llamado a la liberación total de los presos políticos, al advertir que la integridad física y la vida de quienes continúan detenidos siguen en riesgo dentro de los centros de reclusión del país.

El caso de Torres Fernández vuelve a poner en el centro del debate internacional la situación de los detenidos por razones políticas en Venezuela y la distancia entre los anuncios oficiales y la realidad que enfrentan quienes permanecen bajo custodia estatal.